Sophia y la política criminal


Por: Walter Javier Arrázola Mendivil[1]



Sophia es amor y sabiduría, amor al estudio y su dedicación, que como único fin es ético y moral en busca de respuesta para mejorar la sociedad y su entorno de quien estudia cualquier área de la ciencia. En otras palabras, es la sapiencia en su mayor expresión lo que ha cambiado y cambiará a la sociedad.

Lo que ha pasado con el asesinato de una mujer joven, brillante, profesionalmente excepcional, que su nombre representa el amor, es que nuestra sociedad ha dejado de lado la preocupación por la “cosa pública”, nos hemos despreocupado por los otros, por todos y por el desinterés de la sapiencia. Todos somos culpables del crimen de Shopia.
 
En Bolivia no existe una política criminal, y la justicia está en una decadencia que huele a heces, que ocasiona no solo un mal olor sino la desconfianza del sistema, además de agravar los índices de delincuencia, pues el poder judicial, el ministerio público y la policía son quienes cometen más delitos que otros criminales.
 
El derecho penal hoy es un mecanismo de extorsión, represión y abuso de quienes tienen poder o contactos con el gobierno de turno. ¿Alguna vez ha sido víctima de un abogado, de un juez, de un fiscal o de un policía que lo ha extorsionado?
 
Hoy existe una gran desconfianza en la institucionalidad pública de la justicia y miedo a caer ante ella, pues de antemano se sabe que habrá injusticia o extorsión.
La política criminal “es la acción planeada de procedimientos preventivos y represivos contra el crimen“. Como cualquier política, es comandada por un discurso orientado que propone un conjunto de estrategias o procedimientos por medio de los cuales el Estado y la sociedad organizan sus respuestas al problema de la criminalidad.
 
La aplicación de los conocimientos criminológicos para prevenir y controlar las conductas antisociales. Atiende desde la prevención del delito hasta la reincorporación del ex reo a la vida en sociedad.
 
Constituye un análisis crítico de los sistemas de poder punitivo y control social para determinar si es adecuada la respuesta estatal al prevenir y reprimir la criminalidad.
Para Giuseppe Maggiore “la política criminal es la ciencia o arte de los medios que se sirve el estado para prevenir y reprimir los delitos”.**
 
Política criminal no existe en Bolivia, no existen cárceles adecuadas, existen muy pocos jueces, fiscales o policías probos. Los funcionarios judiciales y fiscales están desbordados por las causas y denuncias, la policía por falta de tecnología y capacitación, y todos estos no tienen un salario acorde al trabajo que deben ejercer, son pagados miserablemente frente al rol que deben desempeñar.
 
Hoy debemos como sociedad preguntarnos: ¿Por qué la pérdida de valores como sociedad? ¿Es más fácil, más racional, para sobrevivir en el Estado actual ser delincuente, que un hombre honesto y justo?
 
Más que nunca debemos hacer un análisis económico del derecho penal y de la política criminal en particular, y del sistema de justicia en general.
 
Debemos estudiar la incidencia de los incentivos que como sociedad existen o tenemos para romper las normas morales y las normas jurídicas, o a contrario sensu cumplirlas.
 
Es decir, el ser humano actúa racionalmente (no en el caso del asesinato de la joven) en costos y beneficios, para cometer delitos o incumplir la norma, o en su caso cumplirlas.
 
La ley, su vigencia, aplicabilidad y racionalidad ha sido con frecuencia apreciadas desde la perspectiva formalista, sin encontrar su vinculación con la eficiencia. El delito en el derecho penal se debe estudiar desde la eficiencia para su prevención, los costos o medios por lo que la sociedad usando métodos que no perjudiquen otro valor, lo socialmente deseable y óptimo del rol normativo para tener un resultado deseado de disuasión, prevención o sanción.
 
Andrés Roemer, estudioso del análisis económico del derecho, expresa que se puede aplicar un modelo económico del comportamiento criminal cuando el objetivo del delincuente es maximizar su utilidad teniendo en consideración tanto los beneficios como los costos esperados traídos a valor presente de la actividad criminal. El análisis partiría de un supuesto sobre las preferencias de los delincuentes y tendría que incluir todas las restricciones a las que se enfrenta éste.
 
¿No será que el Estado Boliviano está dando incentivos (negativos) para que la gente cometa ciertos delitos? ¿No será que la política criminal no logra disuadir a los ciudadanos para que no cometan ciertos delitos? ¿No será que el Estado Boliviano incentiva a que la gente pierda los valores y cometa ciertos delitos por ser más eficiente que ser honesto y un buen ciudadano? ¿Será que ser honesto en Bolivia tiene un costo muy alto, frente a quebrantar la ley y vivir de los beneficios de la misma?
 
Como ejemplo: qué probabilidad de que atrapen a un narcotraficante (de los grandes) existe, que sea sancionado penalmente, que cumpla una condena en una cárcel adecuada (o sea una de verdad), qué probabilidad que con el dinero que genera ese negocio ilícito pueda comprar su libertad a jueces y fiscales. Este análisis debemos hacerlo no solo en el delito de narcotráfico sino en todos los delitos en general.
 
*Ex Diputado, Magister en “Derecho, Economía y Políticas Públicas”, especializado en Reforma Judicial y análisis económico del Derecho.

Incertidumbre procesal en Bolivia


Por: Walter Javier Arrázola Mendivil
En la aplicación o vigencia anticipada del nuevo derecho procesal civil, nos encontramos ante una incertidumbre en la aplicación e interpretación de las normas procesales, en el entendido que la disposición transitoria segunda ha puesto en vigencia los artículos que regulan: el domicilio procesal (art. 72), la comunicación procesal (art. 73 al 88), el computo de los plazos procesales (art. 89 al 95), la nulidad de los actos procesales (art. 105 al 109), la citaciones y emplazamientos (art. 117 al 124) y las excusas y recusaciones (art. 347 al 356).

Por estilo y concordancia, la disposiciones derogatorias y abrogatorias, en su disposición primera establece la derogación de los artículos 1 al 15 y del 19 al 59 de la Ley Nº 1760 o de Abreviación procesal civil y de asistencia familiar. Manuel Ossorio en su diccionario de Ciencias Jurídicas explica que “derogar significa dejar sin efecto o suprimir parcialmente una ley […], en todo o en parte, un precepto jurídico precedente”.  Por lo contrario, abrogar es el todo.

La disposición derogatoria y abrogatoria segunda, es concordante con la disposición transitoria primera, sobre la entrada en vigencia plena de la Ley Nº 439 del 19 de noviembre del 2013, que establece el 6 de agosto del 2014, por ende abroga el Decreto Ley Nº 1270 o código de procedimiento civil y la ley Nº 1770 que lo elevó a rango de ley.

Sin embargo en la disposición transitoria cuarta, establece que “los procesos en curso y presentados con anterioridad a la vigencia plena del presente Código continuarán rigiéndose por el Código de Procedimiento Civil, hasta la resolución en primera instancia […].”

Ahora bien, las preguntas y reflexiones que nos debemos hacer, responder y aclarar, sobre todo por el Poder Judicial, son:

          ¿Si, la “derogatoria” de los art. 1 al 15 y del 19 al 59 de la Ley Nº 1760, de Abreviación procesal civil y de asistencia familiar, entran en vigencia desde la “abrogación” de la Ley en el 2014, o desde la publicación de la Ley Nº 439 el 25 de noviembre del 2013?

La interpretación lógica sería obvia, desde que entró en vigencia se “derogan” esos artículos.

             Esto tiene coherencia, por estilo y concordancia, si tomamos en cuenta que los art. 2 al 15 de la Ley Nº 1760 prescriben el régimen de las recusaciones y excusas y su trámite, y entran en vigencia anticipada de Ley Nº 439 la recusación y excusa en sus arts. 347 al 356.

           El problema y la incertidumbre surgen en los arts. 1 y 19 al 59 de Ley Nº 1760, pues estos detallan las modificaciones que se hizo al Decreto Ley Nº 1270 o código de procedimiento civil, que fue elevado a rango de ley y lo referente al sistema de recursos o impugnación en Bolivia. Es decir, salen del ordenamiento jurídico el reconocimiento judicial de firmas, la apelación en efecto diferido, la radicatoria, las complementaciones de las apelaciones, la intimación de pago, la ejecución coativa y otras modificaciones que la referida norma incorporo al procedimiento civil.

            Actualmente, bajo esta interpretación, estamos regidos transitoriamente hasta el 6 de agosto del 2014 por un Decreto Ley, sin las modificaciones realizadas en 1997 por la Ley Nº 1760.

            La contra argumentación, del punto anterior, podría ser la interpretación de la disposición transitoria cuarta. Sin embargo, ¿Qué se entiende por procesos en curso y presentados con anterioridad a la vigencia plena? Después de responder esa pregunta a contrario sensu ¿Podrá entrar en vigencia anticipada entonces el nuevo código procesal?

Mi testimonio: doblemente testigo



Walter Javier Arrázola Mendivil*

 

He sido presentado por la defensa de Leopoldo Fernandez como testigo de descargo, en el juicio oral por la “Masacre de Pando”; pero también he sido testigo de la parcialidad que tiene el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz, para con el Ministerio Público y los abogados de las supuestas víctimas, en contra de los autonomistas o supuestos culpables, quienes en realidad fueron y son las verdaderas víctimas de los hechos sucedidos en Pando y hoy aparecen como victimarios, sin un debido proceso, sin el juez natural y con casi cinco años de detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz sin sentencia.

 

Fueron aproximadamente 20 horas de interrogatorios, casi 10 días de estadía en La Paz en un mes de manera discontinua, resquebrajando mi trabajo y fuente laboral, alejado de mi familia, y gastando de mis recursos poco más de mil dólares entre pasajes, alojamiento y comidas. He sido testigo de esto y he vivido en carne propia el perjuicio que uno se ocasiona en estos ajetreos. Me pregunto: ¿cómo se sentirán los presos políticos lejos de sus familias, sin dinero y sin el juez natural de donde supuestamente cometieron los delitos, sobre todo sin libertad? Gracias a Dios, todavía yo como testigo lo hago en libertad.

 

No estoy seguro si en la historia de Bolivia ha existido un testigo con tantas horas de interrogatorio, en donde la parte acusadora realizaba preguntas capciosas, repetitivas, con argumentaciones antes de hacer la pregunta y afirmaciones que supuestamente realizaba el testigo, sin que el Tribunal regulara esto, a pesar de la intervención de los abogados de la defensa que pedían el derecho a la dignidad y el respeto al testigo. El Tribunal simplemente ignoraba el pedido, omitía o fallaba a favor de las agresiones en contra del testigo.

 

El testigo se encontraba sentando en una especie de pequeño cuadrilátero abierto de madera, con un asiento empotrado en uno de sus lados, con medio metro debajo y enfrente del Tribunal, estando al lado derecho los acusados y al lado izquierdo los acusadores.

 

He sido testigo de cómo se prohibía el uso del teléfono celular a todos en la Sala, como debería ser, menos a la abogada de las supuestas víctimas, que fue la misma ex defensora del terrorista Álvaro Garcia Linera en otras épocas.

 

Pero, ¿por qué fui presentado como testigo? Cuando ejercía la diputación, conjuntamente con la confederación latinoamericana de oenegés UnoAmérica denunciamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 23 de junio del 2009, en Washington, por crímenes de lesa humanidad por los hechos acaecidos en Pando, al Estado Boliviano. Las investigaciones arrojaron que los responsables, gestores y promotores de la violencia en septiembre del 2008, por acción u omisión, fueron el presidente de Bolivia Evo Morales, el vicepresidente García Linera, el ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana, Chiquitín Becerra, la policía y el ejército, entre otros.

 

Denunciamos y demostramos que los informes de Unasur realizados por el terrorista Rodolfo Matarollo, de la Defensoría del Pueblo y otros, tenían imprecisiones y falsedades, como por ejemplo que algunas personas dadas por muertas estaban bien vivas, que muchas de las víctimas presentadas como “campesinos afines al gobierno” como víctimas en dichos informes eran autonomistas.

 

El informe de UnoAmérica es el único que detalla a todos los lesionados, sin importar si son autonomistas o campesinos afines al Movimiento al Socialismo (MAS), con nombre y apellido a más de 80 personas lesionadas (detallando el tipo de lesión), a los 9 secuestrados por los campesinos afines al gobierno, a los 14 confinados o capturados, y los más de 139 exiliados en ese entonces.

 

Se solicitan medidas precautorias y protección a la vida, la seguridad y el derecho a informar a 6 periodistas, sin que estos mismos se enteraran de estas acciones ante la CIDH, porque consideramos que desde las esferas del Gobierno y del poder del Estado se estaba amenazando y hostigando constantemente a la prensa por informar sobre estos hechos.

 

En el informe se hace una descripción de los hechos, con días, horas, acontecimientos, nombres, responsables y se explica a la comunidad internacional la violencia política que se ejercía en Bolivia desde el 2006 hasta los luctuosos acontecimientos de septiembre del 2008 en Pando. Se detalla cómo se generaba y ejercía la violencia política a quienes se oponían a las pretensiones del MAS y de su gobierno.

 

La población de Bolivia sabe lo que pasó en Pando, son hechos evidentes e irrefutables que la violencia se organizó, se ejerció y se ejecutó desde el Gobierno; se sabe quiénes compraron las armas, cómo y dónde las repartieron, cómo se engañó a los campesinos e indígenas que en ese entonces estaban aliados al MAS; existen videos caseros, reportajes de prensa escrita y audiovisual, cientos de testimonios y declaraciones, incluso de la propia gente afín al gobierno, en ese entonces, que estaba en el lugar de los hechos, detallando cómo se promovió la violencia y se organizó el enfrentamiento. Un reciente testimonio de un líder indígena expresa: “incluso habían instrucciones de atropellar a quien se ponga al frente”.

 

Mi testimonio fue sobre la investigación que se realizó en el “Informe de Pando: situación política y social de Bolivia”, el mismo que fue adherido y anexado a la denuncia por crímenes de lesa humanidad a la CIDH en contra del gobierno de Morales.

 

El informe fue presentado como prueba de descargo y excluido por el Tribunal, porque no lleva la rúbrica de los suscriptores. Es interesante como el Tribunal actúa, pues los informes del Defensor del Pueblo y de Unasur, según un acusado explicó en su defensa material, no tenían firmas y sí fueron aceptados como pruebas en contra de ellos.

 

Se pretendió presentar como prueba extraordinaria la copia original de la denuncia y el informe presentado ante la CIDH, con la firma original de mi persona y de los representantes de las organizaciones de UnoAmérica. Obviamente, fui testigo de cómo la parcialidad del Tribunal rechazaba dicha prueba.

 

Siendo testigo, no sólo me sentí como acusado ante el Tribunal y por los interrogatorios de los acusadores, sino que viví en carne propia cómo trataron de amedrentarme con un mandamiento de aprehensión en mi contra, pues al residir a casi mil kilómetros de distancia y no poder ir a una audiencia en La Paz, justifiqué debidamente mi inasistencia, a pesar de ya haber declarado en una anterior oportunidad.

 

Un día después del final de mi declaración testifical de aproximadamente 20 horas, fue solicitado en audiencia por el Tribunal como testigo de descargo por la defensa el ex ministro de gobierno Alfredo Rada; testigo que como mi persona, justificó que no podía asistir a esa audiencia a declarar.

 

Para mi persona el Tribunal libró un mandamiento de aprehensión, pues supuestamente no era suficiente mi justificativo, pero al ex ministro le dieron nueva fecha para su declaración.

 

He sido doblemente testigo, en este juicio oral; como testigo de descargo y de la parcialidad que ejerce el Tribunal en contra de los acusados, las verdaderas víctimas.

 

*Ex diputado nacional

 

Pachamamismo e Islam



Pachamamismo e Islam



Walter Javier Arrázola M.
Ex Diputado de Bolivia





La Bolivia de Evo Morales no sólo es política sino también religiosa. Se encuentra envuelta en un simbolismo en torno a la construcción del mito “originario”, el culto de lo ancestral, del líder sacralizado por el aymarismo y de la Pachamama o Diosa de la Tierra.




En la práctica, hoy es difícil disociar la religión y la política en este nuevo régimen, en la “construcción hegemónica ascendente del poder” -como explica el Vicepresidente del ahora Estado Plurinacional y supuestamente laico-, cuando vemos y constatamos cómo existe un retorno hacia presuntas prácticas religiosas “ancestrales” de pueblos andinos como el aymara, y sólo de aquella cosmovisión, que se expresan en un modelo de Estado etnonacionalista o político indigenista en la retórica oficial.


Se ha creado una nueva bandera, la whipala, que conspira contra la tricolor boliviana, sincretizada en un seudonacionalismo indígena-campesino por militares, policías e instituciones públicas.


Es bueno aclarar que, según datos del Censo del 2001, el 78% de los bolivianos es católico, el 16.2% es protestante, 3.2% está afiliado a los grupos cristianos marginales, el 2.4% dijo no tener afiliación religiosa y menos del 0.2% está afiliado a alguna religión no cristiana.[1] Datos concordantes en gran medida con los de la encuestadora Gallup, que en el 2008 dieron como resultado la siguiente situación religiosa en Bolivia[2]: católicos 73%, no religiosos 12%, protestantes o evangélicos 11%, bahai, budistas y Hare Krishna 3%, y los pachamamistas o animistas andinos con sólo el 1%.


En nombre de un Estado laico o aconfesional en realidad se pretende imponer otro tipo de religión o religiones con fines netamente políticos. A nivel de discurso interno está el Pachamamismo o “cosmovisión andina”, consolidada institucionalmente en el preámbulo de la Constitución, en la misma CPE con la diferenciación étnica, la justicia por “usos y costumbres” y la jurisdicción “ancestral” de los indígenas originarios campesinos.


Eso está acompañado con varias leyes, como la de educación con carácter único, centralizada, descolonizadora y que impide la enseñanza de la materia de religión que los padres o una comunidad quieran para sus hijos. Más bien, obliga a que se enseñen otras religiones y cosmovisiones indígenas, como un mecanismo “intercultural” de reconocimiento religioso. También están la ley contra el racismo, la ley de la “Madre Tierra” y la ley del deslinde jurisdiccional, entre otras.


El objetivo político-religioso del régimen de Morales es combatir las creencias judeocristianas, es decir, desconocer la fe de más del 90% de los bolivianos, entre católicos, protestantes o evangélicos y judíos. Estas creencias son un problema y una “competencia desleal” para cualquier régimen totalitario, porque hablan de liberación de los pueblos, de la fe en un solo Dios y de una justicia suprema por encima del Estado terrenal. Las religiones judeocristianas tienen la misma raíz y de su desarrollo ha surgido la cultura occidental.


Al lograr fusionar los mitos creados o por crearse en la cosmovisión andina, el régimen de Morales tendrá un mecanismo para validar sus políticas y acciones de gobierno, como la toma del poder total y la imposición de una especie de neofascismo étnico-religioso.


Cómo islamizar Bolivia


Por otro lado, la geopolítica religiosa del radicalismo islámico tiene muy claro cómo penetrar en América Latina y Bolivia, a través de los gobiernos neopopulistas o regímenes de izquierda antiimperialistas y antisemitas. Por eso los acercamientos, acuerdos y convenios de estos gobiernos, con promesas de petrodólares a cambio de favores entre regímenes, como es el caso de Evo Morales con el régimen teocrático de Irán.



El Islam tiene las puertas abiertas en Bolivia, no sólo por las cercanías del gobierno de Morales con Teherán, sino también con la nueva Constitución, que da las herramientas para la imposición y la penetración.


En la consolidación de los supuestos territorios ancestrales de las “Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos” de Bolivia, que estarán representados por gobiernos autónomos con “usos y costumbres propios”, con competencias de tipo federal y jurisdicción propia en justicia y otros asuntos, podría estar la llave para islamizar Bolivia.


Para Irán será más fácil hacer proselitismo en este tipo de organización política y territorial, donde con dádivas u otros beneficios, que se ofrecerán a los pueblos indígenas empobrecidos, se presionará para convertirlos al Islam, adoctrinándolos religiosa y políticamente. De tal manera, ellos estarán en territorios con competencias federales, con justicia propia y con el derecho que tienen los indígenas a su cosmovisión o a su nueva religión. Al Islam le será más fácil que a los indígenas utilizar los “usos y costumbres” para aplicar el Corán, imponer sus creencias e instituciones jurídicas y religiosas en las comunidades que se asienten, y desterrar a cualquiera que no las acepte, como se acostumbra hacer en muchos países del mundo árabe.


Aunque parecería contradictorio fomentar una nueva religión seudo-indígena y otra como el Islam, con objetivos geopolíticos propios, en realidad no lo es. El Islam nunca atacará a la religión política andina de Morales, pero sí fomentará un sincretismo religioso y forjarán juntas una alianza para combatir u obligar a ese 90% de “infieles” judeocristianos a su conversión.







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[1] Holland, Clifton. ENCICLOPEDIA DE GRUPOS RELIGIOSOS EN LAS AMERICAS Y LA PENINSULA IBERICA: RELIGIÓN EN BOLIVIA. 2009.


En: http://www.prolades.com/encyclopedia/countries/spanish/rel_bolivia09spn.pdf
[2] Religión en Bolivia. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n_en_Bolivia

Walter Javier Arrázola Mendivil: Q´hananchiri el Terrorista

Walter Javier Arrázola Mendivil: Q´hananchiri el Terrorista: "Sicológicamente el terror es el sentimiento de miedo en su escala máxima, sobreviene cuando ha superado los controles del cerebro y no se p..."

Q´hananchiri el Terrorista


Sicológicamente el terror es el sentimiento de miedo en su escala máxima, sobreviene cuando ha superado los controles del cerebro y no se puede pensar racionalmente. A tal punto que puede paralizar el cuerpo, dar sudoración fría, y en casos extremos producir un paro cardíaco. Esto no solo sucede a las personas sino a las sociedades, cuando se ejerce el terrorismo de Estado.


Antes el terrorismo de Estado se lo hacía a través de la represión y violencia en gobiernos de factos; ahora en gobiernos democráticos utilizando la institucionalidad democrática al concentrar el poder judicial, legislativo y ejecutivo en uno solo órgano, haciendo parecer que estuvieran separados.

El terrorismo en Bolivia y sus acciones terroristas, ya no son como antes, con bayonetas, bombas, asaltos, robos y secuestros, sino ejerciendo el poder democráticamente con leyes injustas y persecución contra sus opositores, quienes son sentenciados antes de un juicio por las primeras autoridades del poder ejecutivo. Terrorismo a la antigua fue lo que hizo Q´hananchiri, quién portaba un carnet de Identidad Boliviano falso, con el nombre de Alberto Rojas Valencia. Igual que Eduardo Rozsa Flores. Dicen que este personaje, el terrorista Q´hananchiri, ahora es Vicepresidente de un aprendiz de Robespierre.

Q´hananchiri, con el Ejército Guerrillero Tupac Katari, asaltó una remesa de la empresa Caracoles robando 40 mil dólares; una remesa de COBEE robando 20 mil dólares; la casa de Walter Gumucio robando 95 mil dólares; la casa de Zenón Daza robando 60 mil dólares; y la remesa de la Universidad de San Simón de Cochabamba robando 622 mil dólares y entre otros actos con bombas, explosiones y muerte. Eso es ser asaltante, ladrón y terrorista ¿Qué diferencia tendrá con un corrupto político del pasado de este terrorista, también del pasado?

Q´hananchiri, denuncio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos los atropellos y violaciones al debido proceso, que supuestamente se le hicieron cuando lo agarraron en sus fechorías. Sin embargo, el Q´hananchiri de hoy practica y ejecuta todo lo que el denunció. Ha tratado de borrar todo de su expediente y prontuario. Escribir esto podría ser un insulto o considerarse desacato.


Q´hananchiri ya no se hace llamar así, sino Señor Vicepresidente o Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, cuando le toca, o simplemente Álvaro Marcelo García Linera.

LA EDUCACIÓN EN BOLIVIA, EL ORIENTE BOLIVIANO Y LA LEY DE EDUCACIÓN “A. SIÑANI - E. PÉREZ”

LA EDUCACIÓN EN BOLIVIA, EL ORIENTE BOLIVIANO Y LA LEY DE EDUCACIÓN “A. SIÑANI - E. PÉREZ”


Gustavo Pinto Mosqueira
Lic. en Filosofía, UCB, Cbba.
MSc. En Ciencias Sociales, ILADES, Santiago, Chile -Pontificia Universidad Gregoriana de Roma
Docente universitario

Conferencia, Santa Cruz de la Sierra, 17-12-10

La nueva sociedad que ya está aquí, es una sociedad poscapitalista. (….). Con certeza…utilizará el mercado libre como único mecanismo de integración económica comprobado;…El recurso económico básico (de esta sociedad), el “medio de producción”, para utilizar el término de los economistas, ya no es el capital ni los recursos naturales (el “suelo” de los economistas) ni la “mano de obra”. Es y será el saber (Peter Drucker, 1999).

Se puede señalar lo que hizo Mitsubishi con su fábrica. Automatizó la producción de autos. Se quedó con tres operarios. Pero “no echó a los 2.997 obreros que quedaron desocupados, creó un gigantesco departamento de investigación y desarrollo, que era una especie de universidad solapada, con bastante apertura. De hecho se incluyeron conocimientos de sociología, historia, historia del arte, de carácter científico. No fue similar a un postgrado, sino una especie de secundario avanzado” (Grerogio Klimosvscky, 1995).


La educación y escuela en Bolivia, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, ha sido entendida, diseñada y ejecutada desde el Estado al calor de las coyunturas e ideologías políticas de turno. Esto indica que los que entran a gobernar Bolivia, son los que se sienten “dueños” de la educación y, por consiguiente, pueden hacer los que les “convenga”, dejando de lado la responsabilidad y la participación de la sociedad civil en la misma.

Desde que se fundó Bolivia (1825) hasta después de la Guerra del Pacífico (1883), la escuela y la educación en ese periodo se pensó que era tarea del Estado, pero éste, por la crisis económica con la que nació a la vida independiente y la falta de recursos, jamás la atendió como debería ser, hasta el punto que, aun con los intentos de crear una Escuela Normal, nunca se lo hizo durante todo el resto del siglo XIX, reduciéndose el esfuerzo por mejorar la educación en Bolivia a hacer leyes de instrucción pública y traer algunos profesores del exterior, por ejemplo chilenos, para que enseñaran. Apenas se crearon algunos Colegios de Ciencias y Arte en las capitales de departamento más importantes, con un mínimo de inversión a fin de atender la educación y escuela sobre todo urbana. Así, el censo de 1847, hace notar que el nivel educativo en Bolivia era extremadamente bajo. Sólo 100 mil eran alfabetos; 1.3 millones, analfabetos. En 1847 se calculó que sólo 22.000 niños en edad escolar asistían a los centros de enseñanza (es decir, el 10%). He aquí la explicación de otro de los elementos de larga duración histórica, que hasta fines del siglo XX, lo siguió padeciendo Bolivia: el analfabetismo. Paradójicamente, lo que antes se consideraba como la “culta Charcas”, pasa a ser después una de las más analfabetas. La oligarquía andina de entonces fue incapaz de percibir la importancia de la dimensión educativa para el fortalecimiento de la reciente fundada República.

Sólo en el Oriente boliviano, particularmente en Santa Cruz, la educación y escuela comenzó a dar resultados positivos a consecuencia de pasar esta tarea a los municipios desde 1855. Esto porque a partir de este año se descentraliza la educación y escuela en Bolivia. Medida que la supo aprovechar mejor Santa Cruz o los cruceños, a consecuencia del interés y preocupación por la educación que le habían legado los jesuitas, a partir de su presencia en este territorio y de la experiencia de las misiones de Mojos, Chiquitos y de alguna manera de las de la Cordillera continuadas por los franciscanos. La liberalización de la educación y escuela a partir de 1872, también benefició a Santa Cruz, pues aparecieron iniciativas privadas que comenzaron a trabajar en el área educativa. Ya en 1859 Dalenz Guarachi afirmada que en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra habían pocos personas, “aún entre la gente del campo, que no sepan leer y escribir”. Años después, según el Censo Municipal de 1880, el 37% de la población de la ciudad capital cruceña sabía leer y escribir, mientras que el 15% de la población total del departamento cumplía con esta condición. En la ciudad el 51% de los hombres era alfabetos y 30% de las mujeres también.

Después del desastre que significó para Bolivia la Guerra del Pacífico por la pérdida de vidas humanas y del acceso soberano al océano Pacífico, recién las elites andina enriquecidas con la explotación de la plata, como Gregorio Pacheco, Aniceto Arte, etc., y algunos políticos de turno, al buscar alguna explicación a la derrota bélica con Chile, concluyeron que una de las causas era la falta de escuela y educación. Por ello, una vez se hacen con el poder estatal, comenzaron a invertir recursos del Estado en el área educativa, pero dándole prioridad a la universitaria. Esto explica porqué, de alguna forma y bajo la presión de algunos cruceños, ceden a la creación de la primera universidad pública en Santa Cruz, terminando, así, con ese “quemeimportismo” por la educación hacia este territorio del Oriente boliviano, aunque no así con el Beni y lo que se comenzó a conocer como el Acre o llamar Territorio Nacional de Colonias (el noreste de Beni y actual Pando). Beni y lo que será después Pando quedaron completamente discriminados de la educación superior universitaria por el poder estatal centralizado andino durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Mientras que en la Paz y Cochabamba se crearon universidades públicas a inicios de los años 30 del siglo XIX –la de Sucre ya existía desde la colonia española en América, pues se había fundado en 1626 –, recién en 1967 se funda una universidad estatal en Beni y más reciente aún en Pando, el año 1997.

Mientras tanto, en el Oriente boliviano, sólo Santa Cruz, continuó poniendo esfuerzo en la educación y escuela. Con las escuelas en manos de los municipios cruceños y la universidad pública “Santa Tomás de Aquino” (que en 1911 cambió de nombre a “Gabriel René Moreno”), y varias escuelas privadas, la sociedad cruceña fue educando y escolarizando mejor a su niñez y juventud. Esto hizo que también a fines del siglo XIX y todo el siglo XX, Santa Cruz, y después el Beni, que fue beneficiado escolar y educativamente por la emigración de más de 80 mil cruceños al departamento y a lo que ahora es Pando durante el periodo del auge de la explotación de la goma o siringa, sean los departamentos que tengan los mejores índices de su gente alfabetizada. Lo que demuestra que el Estado no siempre es imprescindible para dar educación y escuela a los pueblos o sociedades que lo conforman. Para muestra vasta un botón: Según el censo de 1900, de los 125.579 cruceños en edad escolar, 74.724 habían recibido instrucción, o sea, eran alfabetos o habían tenido escuela; esto es, el 59.59%; mientras tanto 50.855 no la tenía, vale decir, un 40, 50%. Si comparamos con Chuquisaca, que hasta hacía poco su capital había sido sede del gobierno central andino, ese mismo censo indica que de 157.059 chuquisaqueños en edad escolar, sólo 20.584 habían tenido instrucción escolar, o sea, un 13,11% de su población, y 136.475 no la tenía, o sea, un 86.89% era analfabeta.

Con ideas desarrollistas en la cabeza, los liberales (José Manuel Pando, Ismael Montes y otros andinos), una vez llegaron al poder estatal, se encargaron de crear, en 1909, la primera Escuela Normal en Sucre para formar a los profesores que necesitaba el sistema educativo y escolar boliviano. Pero esta iniciativa implicó también el inicio del proceso de centralización de la educación y escuela en manos del Estado. Hasta el punto que después de otra guerra, la del Chaco con el Paraguay, se da fin a las escuelas municipales que estaban bajo la responsabilidad de las alcaldías. Esto se lo hizo por dos razones: una, los liberales y los republicanos tenían la visión de que la escuela debía estar en función del desarrollo o progreso material y científico; dos, los nacionalistas, por su parte, comenzaron a ver que la educación y la escuela era el instrumento ideal para difundir la idea de que Bolivia tenía que construirse como una “nación” moderna, y ya no como una República con sus pueblos y regiones.

Con esas ideas y otras tomaron el poder estatal y político los emenerristas en 1952. Tres años después, elaboran el Código de la Educación Boliviana, que, por un lado, tenía el propósito de masificar el acceso popular a la educación y escuelas, lo que se logró de alguna manera, pero sobre todo en la región andina, y, por otro lado, crear esa conciencia de que Bolivia era una “nación homogénea”, a partir del concepto del mestizo o mestizaje. Esta visión, como era de esperarse, no reconocía la diversidad geográfica, histórica, étnica y cultural de Bolivia, y lo que pretendía era homogenizar a los bolivianos a partir del mestizaje andino o altoperuano (colla), teniendo como base cultural la etnia o cultura sobre todo aimara. Esto implicó, para los cruceños, benianos y pandinos, esto es, para los cambas del Oriente boliviano, un colonialismo interno cultural simbólico, por parte de los nacionalistas andinos, usando el diseño de una sola currícula de educación y textos escolares completamente andinizados. La educación, como se puede comprender, fue utilizada, para usar una expresión de Luois Althuser, como uno de “los aparatos ideológicos y políticos” del MNR desde el poder del Estado. Esto no cambió durante los gobiernos militares de facto de los años 70. Por esto, ya en esa década, el profesor cruceño Cortés, denunciaba ese afán colonizador de los políticos e ideólogos andinos, y por qué no decir de los maestros que eran formados en las Escuelas Normales, hacia los cruceños y en general del hombre llanero del Oriente boliviano, escribiendo lo siguiente:

“Vale la oportunidad para demostrar la “bolivianidad” del Ande en un ejemplo muy actual: la nueva Gramática Estructural que se trata de imponer en la educación no contiene un solo autor del Oriente Boliviano que sirva de estudio entre los muchos que figuran en la obra. Allí están Alfonso Crespo, Marcelo Quiroga Santa Cruz, A. Costa du Rels, P. Díaz Machicado, W. Montenegro, A. Céspedes, E. Díez Medina, Humberto Guzmán, R. Jaime Freyre y otros escritores nacionales y extranjeros entre vivos y muertos, consagrados y aficionados; ninguno de todos nació en el Oriente. Aunque se trata de un olvido en este caso, el olvido mismo expresa discriminación inconsciente. En el texto mencionado pudo estar Juan B. Coimbra, el mejor prosista boliviano, nacido en Santa Cruz, pero desestimado y desconocido hasta en su propia tierra”.

Esta línea ideológica en la educación y escuela boliviana perduró hasta fines del siglo XX. Pero sin embargo, el mismo MNR y otros partidos políticos como el MIR, ADN, etc., al calor de las ideas y pensamientos contemporáneos y de la experiencia de reformas educativas como en España y otros países, después de reconocer que Bolivia es un Estado plurinacional y pluricultural, pero sin soltar la idea de que es un Estado-nación, aceptan e impulsan la elaboración e implementación de la Reforma Educativa (RE) No. 1565, a partir de 1994.

Esta Reforma, como dije hace unos años atrás en un foro-debate, no fue una tarea fácil. Porque de por medio se tuvo que convencer a organismos financieros internacionales como el BM y el BID, así como solicitar colaboración en calidad de donaciones a países como Dinamarca, los Países Bajos, etc. Este desafío costó, según unos, cerca de 338 millones de dólares americanos y, a decir de otros, 356,2 millones de dólares. Es curioso que no se tenga una cifra exacta del monto. Con razón algunos gestores de esta Reforma no se salvaron de la acusación o sospecha de corrupción.

Porque se tuvo también que decidir la exclusión de los maestros del diseño de dicha Reforma. Con ellos, al parecer, no hubiese sido posible hacer, dada su deficiente formación y preocupación, sobre todo, de tipo salarial y política-sindical por la educación, esa RE de tal magnitud e importancia. Por lo mismo, el ETARE (Equipo Técnico de Apoyo a la Reforma Educativa) y el MEC (Ministerio de Educación y Cultura), en su afán de implementarla, una vez fue convertida en Ley, tuvieron que buscar algunas estrategias para socializar la idea y la necesidad de esa Reforma llegando, así, al seno de algunos sectores del magisterio, a los padres de familia y la opinión pública en general. El ingreso a las aulas de este cambio se lo hizo con los asesores pedagógicos, edición de guías didácticas para maestros y de material de enseñanza-aprendizaje en general, de revistas pedagógicas y su distribución, etc.

Respeto al enfoque pedagógico y el objetivo educativo, la RE de 1995, por un lado, buscaba la sustitución del conductismo como doctrina de enseñanza por el constructivismo. La escuela, los maestros y el sistema educativo boliviano, tenían que ir dejando el aprendizaje memorístico y repetitivo y pasar a estimular el aprendizaje significativo construido socialmente. Se buscaba dejar atrás una educación verticalista, castigadora, represiva y entrar a una más horizontal, respetuosa del género humano, el medio ambiente y fomentadora de la identidad y la autoestima. Por esto, se destaca la EIB (Educación Intercultural Bilingüe).

Ahora bien, respecto al objetivo de la EIB y la interculturalidad, pienso que la RE nació en este objetivo con un sesgo o vacío enorme por el tipo de participantes en el ETARE. Este equipo redujo lo cultural a las culturas indígenas, principalmente a la quechua, aymara y guaraní. Algo se reconocía a las demás culturas originarias de las tierras bajas y del Oriente boliviano. Pero, en el fondo, era una Reforma, en su aspecto cultural, maniatada a lo andino. Dejaba de lado, por lo mismo, la cultura del Oriente boliviano, la llamada hoy, cultura camba, más mestiza. Mientras en la zona andina predomina la cultura del Tahuantinsuyo por la presencia mayoritaria de población indígena, en el Oriente boliviano, lo tenemos que entender, conocer y respetar de una buena vez, la población mayoritaria es mestiza, la misma que, eso sí, ya se lo ha reconocido, se ha alimentado también de las culturas originarias chaco-amazónicas. Esto los parteros de la RE y sus aplicadores no lo comprendieron cabalmente en su momento.

Por ello, poco o nada se hizo desde el MEC, que es el que dispone de los recursos, mucho menos los maestros que desconocen la historia, la formación sociocultural, la idiosincrasia de los cambas, por contextualizar o regionalizar los contenidos, competencias, actividades o secuencias didácticas de la currícula escolar de esa Reforma.

Por lo mismo, ya desde hace unos años atrás, vengo sugiriendo que antes de preocuparnos por el desarrollo de una pedagogía nacional, trabajemos por una “pedagogía regional” válida para la zona andina, la zona chapaca y la oriental. Tiene más sentido hablar hoy de una pedagogía pluriregional o plurinacional, decía entonces. Pero esta pedagogía u educación regional o contextualizada no la entiendo en la línea de los que actualmente gobiernan el Estado Boliviano y nos quieren imponer otro Educación convertida en Ley, con nombre “Avalino Siñani-Elizardo Pérez”, nombres que, una vez más, no tienen nada que ver con los cambas del Oriente boliviano. (Por eso, sugiero que nosotros hagamos una Ley de Educación del Oriente boliviano con los nombres “Enrique Finot-Luis Leigue”. Porque, de paso hay que saber que Finot fue uno de los primeros cruceños que escribió el primer libro de historia de la educación o pedagogía en Bolivia y, el segundo, fue otro cruceño que tuvo una experiencia educativa extraordinaria con los nativos Moré del Beni, dejando un libro de tal obra educativa titulado “El Iténez Salvaje” que se los recomiendo estudiar).

Hoy entonces, al calor de otras corrientes de pensamientos e ideologías, tenemos que soportar, pero no por eso aceptar, esta otra Ley de Educción, que muestra, una vez más –por ello debemos preocuparnos y criticar – cómo la educación y la escuela en Bolivia, los que se hacen con el poder estatal y gobiernan, la siguen concibiendo como un instrumento poderoso de ideologización, o lo que es lo mismo, de dominio de la conciencia de los individuos o sujetos al querer imponer un pensamiento único sustentado en, ante todo, el marxismo y el comunismo. No por nada, el afán de que sea única como lo estipula el Art 1, Inc. “e”; de que se sea una competencia privativa del Estado, es decir, que esté hipercentralizada, sin que se respeten las autonomías departamentales ni indígenas; esto se lo hace así con el afán de controlar mejor los contenidos que se enseñarán a los niños y jóvenes. No por nada dice que es “revolucionaria, antiimperialista…” (Art.3, Inc. “a”), lo que en otras palabras está diciendo es que es “marxista-leninista o comunista” en la línea de Lenin, Stalin y Fidel Castro. El comunismo al que aspira está camuflado en la palabra “comunitaria” que se reitera en muchas partes del texto (Art. 3, Inc. “b”, Art. 5, Inc. “n”, Art. 12, Incs. “a” y “b”; Art. 13; Art. 14).

Se habla de que es “intracultural, intercultural, plurilingüe” (Art. 1, Inc. “f”), pero una educación nunca puede ser así cuando es manejada por marxistas, comunistas e indigenistas influenciados por la doctrina dogmática de Marx y del comunismo soviético o castrista, junto a unos burócratas de izquierda que están incrustados en un Estado etnocrático, es decir, un Estado marcado y signado con el poder, los símbolos, la fuerza militar y policial…de las etnias y la cultura andina aimara-quechua. Y esto va a ser así, por más de que se llenen la boca diciendo que Bolivia es un “Estado plurinacional”. Ahora bien: si realmente aceptan, con ética y moral, de que es “plurinacional”, lo mínimo que deberían hacer, para no seguir colonizando a los cambas (indígenas, mestizos y criollos) del Oriente boliviano, es aceptar, al menos, que los pueblos y naciones indígenas del territorio camba, tengan autonomía plena en el campo de la educación. Esto es, que los mojeños, guaraníes, chiquitanos, movimas, machineri, chimanes, etc., se responsabilicen y administren de manera descentralizada, con verdadera autonomía, la escuela que ellos quieren para sus hijos/a.

Cerrar las normales católicas o cristianas, con la mala intención de que las Iglesias no formen a los maestros/a que van a enseñar religión y otras materias afines en las escuelas y colegios católicos, por el hecho de decidir que la educación es laica (Art. 3, Inc. “f”), no sólo es muestra de una actitud de intolerancia hacia la fe que predican las religiones judeo-cristianas, sino que muestra también no entender, o bien ir con saña, en contra de los cruceños, benianos y pandinos que en su generalidad profesen la fe cristiana católica…y que no tienen ritos ni cultos a la tierra, aunque sí se la respete más por conciencia ecológica que por divinización de la misma. Según una encuesta realizada en Santa Cruz, el 85% de su población profesa la fe católica y el 10% la fe cristiana que también pertenece al cristianismo. No dejar que los católicos y cristianos forman a los maestros/a que van a enseñar la religión católica es muestra de intolerancia religiosa hacia los cristianos en general, tal como se lo hizo en Cuba, en la ex Unión Soviética comunista y otros países socialistas que rechazan la dimensión religiosa del hombre.

Por lo que se ve, esta nueva Ley de Educación, no está hecha en base a las teorías psico-pedagógicas actuales (como, por ejemplo, la teoría de las inteligencias múltiples, la teoría de la inteligencia emocional, la otra educación que propone el programa de Filosofía para Niños/a, etc.), sino a doctrinas ideológico-políticas “trasnochadas”, como el marxismo-leninismo o castrismo dogmáticos, que lo único que buscan, en vez de impulsar una verdadera liberación del hombre, paradógicamente, es “alienar” la conciencia de éstos con esas ideas predicadora de la lucha y la violencia de clases (pobres contra ricos, Estado contra Iglesia, comunismo contra capitalismo, negro contra blanco, criollo contra indígena, estudiantes contra maestros, ¿qué les dice esto?); es también poner el Estado por encima del individuo, en nombre, lo que es peor, de la “razón de Estado”, de los pobres, de la soberanía nacional… Esto, si lo vemos críticamente, es un neocolonialismo con doctrinas foráneas, doctrinas que, como el marxismo-leninismo o el socialismo del siglo XXI, son una nueva religión que aspiran llevar al hombre a una vida puramente materialista, con una conciencia dominada por una sola doctrina ideológica-filosófica. Es decir, llevan a empobrecer y a esclavizan al ser humano, espiritualmente hablando.

En nombre de la liberación (¿quién y de qué nos tenemos que liberar? –he ahí una cuestión central), de la igualdad, del acceso de todos a la educación de calidad, de la ciencia o conocimiento científico, del saber tradicional indígena (el cual tiene que ser validado por investigaciones científicas para poder ser enseñado en las escuelas, de lo contrario no sirve), principios éticos indiscutibles e inviolables, no se puede, a estas alturas del siglo XXI, poniendo al Estado por encina de los individuos, los pueblos o naciones, como la Nación Camba de Naciones, imponer una educación neocolonizadora para los mismos pueblos o naciones que lo constituyen. Una educación que es una especie de “collar de hierro” para la mente y el espíritu de los hombres y mujeres de nuestros pueblos. Una educación que busca imponer un “pensamiento único”, duro y “dogmático”, que, por ende, empobrece el alma humana. Y alma empobrecida, es ciega ante la verdad. Buscar hacer esto por medio de esta nueva Ley de Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez”, es antiético, amoral, hipocresía, majadería, deshonestidad, de los que hicieron y la aprobaron.

Por ello, les propongo lo siguiente:

1) Que en el Oriente boliviano, que tiene una historia, una cultura y forma de ser común, con sus propias particularidades, que es más mestiza, junto con los pueblos y naciones indígenas, con los cuales formamos la “Nación Camba de Naciones”, pensemos, diseñemos y vayamos implementando, en el marco de las autonomías, un currículo educativo que responda verdaderamente a lo que somos, es decir, a nuestra identidad cultural, a cómo vivimos y queremos vivir, a nuestros valores culturales de libertad, hospitalidad, y a qué tipo de desarrollo económico, social, cultural y político deseamos para nosotros, nuevos hijos, nietos y bisnietos..

2) Para caminar en esta línea necesitamos tener instituciones educativas, como una Universidad Pedagógica del Oriente boliviano; un Instituto de Investigación en Ciencias de la Educación; un Instituto de Investigación en Ciencias y Tecnología que vayan trabajando en la línea de contextualizar, adaptar y también universalizar los conocimientos y saberes que nos sirven en la educación, la producción, la convivencia social sana, una vida feliz, sin mal, que evite el sufrimiento humano, etc.

3) Debemos exigir, en honor a la ética de la responsabilidad con nuestros hijos y la cultura cruceña camba, que los maestros/a que enseñan en las escuelas y colegios del Oriente boliviano tengan la obligación moral de conocer y entender nuestras culturas, lenguas, forma de hablar el castellano de los cambas, nuestras obras literarias, la historia del Oriente boliviano y las historias particulares de nuestros pueblos o naciones cambas. Sin esta ética del respeto hacia el otro, en este caso a los cambas, no se puede hablar en el Estado de Bolivia, de una escuela y educación contextualizada y diversa.

4) Tenemos que diseñar un currículo escolar cuyo sustento psicopedagógico y filosófico sea una educación que busque en el estudiante, o en nuestros hijos/a, el desarrollo del pensamiento complejo; la combinación, con inteligencia, de las inteligencias múltiples (la lingüística, la lógica-matemática, la musical, la espacial, la intrapersonal, la interpersonal, la corporal-kinética…) que podemos educar los seres humanos; la combinación, de lo mejor posible, de las habilidades que tiene el homo simbolicus, homo videns y el homo aeconomicus, el desarrollo de la inteligencia “sintiente” y la inteligencia emocional, sin olvidar que también somos hombres y mujeres de trascendencia, que creemos en un Dios que ha vencido a la muerte.

Deseo cerrar esta participación con el pensamiento de dos autores que se hicieron cargo de la educación en su momento. Uno, de F. Nietzsche, que lo tenía como epígrafe también en este escrito, pero que ahora mejor lo pongo como epílogo, y que dice: “El menor Estado posible. Yo no necesito el Estado; sin esa coacción tradicional yo me hubiera educado mejor, me hubiera educado más en consonancia con mi cuerpo y hubiera ahorrado la fuerza que luego he tenido que emplear en luchar contra mí mismo…” (F. Nietzsche, Obras completas. T. 2: Tratados filosóficos, Buenos Aires, 1967).

Dos, el de P. Bourdieu que cuestiona a los socialistas que “dicen” entender la educación, y que afirma: “Cosa extraordinaria, los socialistas, si son consecuentes, deben tener una idea del hombre que quieren hacer, por lo que ellos combaten, y que la educación, entre otras cosas, debe producir. Como no tienen ninguna idea de la humanidad ideal que quieren producir, no tienen idea de la educación” (P. Bourdieu, Capital cultural, escuela y espacio social, México, Siglo XXI editores, 2ª. ed., 1998).