Por: Walter Javier Arrázola Mendivil[1]
Sophia es amor y sabiduría, amor al estudio y su dedicación, que como único fin es ético y moral en busca de respuesta para mejorar la sociedad y su entorno de quien estudia cualquier área de la ciencia. En otras palabras, es la sapiencia en su mayor expresión lo que ha cambiado y cambiará a la sociedad.
Lo que ha pasado con el asesinato de una mujer joven, brillante, profesionalmente excepcional, que su nombre representa el amor, es que nuestra sociedad ha dejado de lado la preocupación por la “cosa pública”, nos hemos despreocupado por los otros, por todos y por el desinterés de la sapiencia. Todos somos culpables del crimen de Shopia.
En Bolivia no existe una política criminal, y la justicia está en una decadencia que huele a heces, que ocasiona no solo un mal olor sino la desconfianza del sistema, además de agravar los índices de delincuencia, pues el poder judicial, el ministerio público y la policía son quienes cometen más delitos que otros criminales.
El derecho penal hoy es un mecanismo de extorsión, represión y abuso de quienes tienen poder o contactos con el gobierno de turno. ¿Alguna vez ha sido víctima de un abogado, de un juez, de un fiscal o de un policía que lo ha extorsionado?
Hoy existe una gran desconfianza en la institucionalidad pública de la justicia y miedo a caer ante ella, pues de antemano se sabe que habrá injusticia o extorsión.
La política criminal “es la acción planeada de procedimientos preventivos y represivos contra el crimen“. Como cualquier política, es comandada por un discurso orientado que propone un conjunto de estrategias o procedimientos por medio de los cuales el Estado y la sociedad organizan sus respuestas al problema de la criminalidad.
La aplicación de los conocimientos criminológicos para prevenir y controlar las conductas antisociales. Atiende desde la prevención del delito hasta la reincorporación del ex reo a la vida en sociedad.
Constituye un análisis crítico de los sistemas de poder punitivo y control social para determinar si es adecuada la respuesta estatal al prevenir y reprimir la criminalidad.
Para Giuseppe Maggiore “la política criminal es la ciencia o arte de los medios que se sirve el estado para prevenir y reprimir los delitos”.**
Política criminal no existe en Bolivia, no existen cárceles adecuadas, existen muy pocos jueces, fiscales o policías probos. Los funcionarios judiciales y fiscales están desbordados por las causas y denuncias, la policía por falta de tecnología y capacitación, y todos estos no tienen un salario acorde al trabajo que deben ejercer, son pagados miserablemente frente al rol que deben desempeñar.
Hoy debemos como sociedad preguntarnos: ¿Por qué la pérdida de valores como sociedad? ¿Es más fácil, más racional, para sobrevivir en el Estado actual ser delincuente, que un hombre honesto y justo?
Más que nunca debemos hacer un análisis económico del derecho penal y de la política criminal en particular, y del sistema de justicia en general.
Debemos estudiar la incidencia de los incentivos que como sociedad existen o tenemos para romper las normas morales y las normas jurídicas, o a contrario sensu cumplirlas.
Es decir, el ser humano actúa racionalmente (no en el caso del asesinato de la joven) en costos y beneficios, para cometer delitos o incumplir la norma, o en su caso cumplirlas.
La ley, su vigencia, aplicabilidad y racionalidad ha sido con frecuencia apreciadas desde la perspectiva formalista, sin encontrar su vinculación con la eficiencia. El delito en el derecho penal se debe estudiar desde la eficiencia para su prevención, los costos o medios por lo que la sociedad usando métodos que no perjudiquen otro valor, lo socialmente deseable y óptimo del rol normativo para tener un resultado deseado de disuasión, prevención o sanción.
Andrés Roemer, estudioso del análisis económico del derecho, expresa que se puede aplicar un modelo económico del comportamiento criminal cuando el objetivo del delincuente es maximizar su utilidad teniendo en consideración tanto los beneficios como los costos esperados traídos a valor presente de la actividad criminal. El análisis partiría de un supuesto sobre las preferencias de los delincuentes y tendría que incluir todas las restricciones a las que se enfrenta éste.
¿No será que el Estado Boliviano está dando incentivos (negativos) para que la gente cometa ciertos delitos? ¿No será que la política criminal no logra disuadir a los ciudadanos para que no cometan ciertos delitos? ¿No será que el Estado Boliviano incentiva a que la gente pierda los valores y cometa ciertos delitos por ser más eficiente que ser honesto y un buen ciudadano? ¿Será que ser honesto en Bolivia tiene un costo muy alto, frente a quebrantar la ley y vivir de los beneficios de la misma?
Como ejemplo: qué probabilidad de que atrapen a un narcotraficante (de los grandes) existe, que sea sancionado penalmente, que cumpla una condena en una cárcel adecuada (o sea una de verdad), qué probabilidad que con el dinero que genera ese negocio ilícito pueda comprar su libertad a jueces y fiscales. Este análisis debemos hacerlo no solo en el delito de narcotráfico sino en todos los delitos en general.
*Ex Diputado, Magister en “Derecho, Economía y Políticas Públicas”, especializado en Reforma Judicial y análisis económico del Derecho.
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