IN MEMORIAM DE SOPHIA:
Amor a la Sabiduría
“Para vivir mejor, en paz y en libertad”[1]
Por Walter Javier Arrázola Mendivil
Todas las sociedades civilizadas
y modernas se organizan en Estados, democráticos y libres. La distribución del
poder, el acceso al poder, como los posibles abusos del poder son controlados y
regulados por las normas (éticas y escritas) que rigen en aquellas sociedades y
por el propio ciudadano verdadero dueño del poder que lo ha cedido a la ficción
de aquel ente llamado Estado.
Entonces, el poder es controlado y
delegado a la institucionalidad pública democrática y a sus distintos
subniveles territoriales de gobiernos, quienes están más cerca y en contacto
directo con la sociedad o el ciudadano de a pie. Ineludiblemente estamos
hablando de la descentralización del poder o de la autonomía que deben tener
los subniveles, es decir del gran Estado del siglo XIX a los grandes municipios
y departamentos (provincias, estados federales, regiones, etc.) del siglo XXI.
Mientras los valores éticos y
principios de una sociedad no sean el propugnar la virtud, la bondad y la
moralidad, están condenando a ser representados y gobernados por los vicios que
ella misma crea o consciente.
Por eso, en toda sociedad, debe
haber un ideal y referente de el “deber ser”, como llegar a hacerlo y como
evitar que esos valores decaigan, sino más bien volverlos progresivos o
moldearlos en el tiempo. Por lo general, la constitución de los Estados es
donde está representado aquello. Se dice muy acertadamente que un país donde no
se respeten los derechos de las personas, no se cumplan las leyes, no existe
constitución aunque esta esté escrita.
La constitución y las leyes son
las que deben garantizar la libertad de los individuos y sobre todo su
seguridad para “vivir mejor”.
Cuando se habla de seguridad
ineludiblemente se habla de paz social y tranquilidad pública, donde se premia
a quien cumple la ley y castiga a quienes la incumplen. Existiendo incentivos,
moldeados primeramente por los principios morales y éticos del individuo que
han sido traspalado a la sociedad a través de leyes.
Las leyes deben ser éticas sino
no la sociedad no podrá cumplirlas porque irían contra su naturaleza propia, o
en su casa deberá repudiarlas para propugnar la virtud frente a los vicios.
Cuando una ley no se cumple, no
solo se viola o transgrede la norma, sino la ética del individuo mismo que hace
daño a la sociedad con esa transgresión.
No es la cantidad de leyes que
determinan una gran nación, sino la calidad de leyes que muestran la “riqueza
de las naciones”, el como se cumplen y se aplican las mismas miden la calidad
de libertad, democracia y civilización.
Tácito decía “cuanto más corrupto es un Estado, mayor
cantidad de leyes tiene”, por su parte Montesquieu expresaba que “no hay peor
tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la
justicia”.
Con estos antecedentes planteo
las siguientes líneas de acciones para una reforma judicial en Bolivia y una
política criminal que nos genere paz social, tranquilidad y seguridad, que los
ciudadanos debemos exigir.
Reforma Judicial
-
Evaluación:
En las materias
de familia, civil-comercial y penal, debe haber estudios estadísticos y
econométricos enfocados en:
1.
El tipo de acción denunciada (Ej. Familiar:
Divorcio, Civil: Daños, Penal: Homicidio)
2.
El tiempo de cuanto tarda la sentencia en
primera instancia, segunda instancia o apelación, y por ultimo casación.
3.
Determinar si cada juez tiene los mismos fallos
en hechos similares, y porque en unos casos tarda más que otros. Si se
observaran incongruencias, se evidenciaría que existe corrupción.
4.
Cuanto tardan las citaciones con la demanda, las
notificaciones de los actuados.
5.
Determinar los promedios de años que tarda un
divorcio, de una demanda civil o de un juicio penal. Ej. 3, 4 o 5 años.
6.
Determinar los costos de litigar para las
personas, si es mejor denunciar y proseguir una acción o no denunciar por los
costos elevados que debe tener el contratar abogados y gastos accesorios.
7.
Determinar con encuestas los niveles de
corrupción, con cuestionarios anónimos a los litigantes, como por ejemplo:
¿Alguna vez ha pagado a un juez, a un abogado, a un policía, a un fiscal, para
favores judiciales? ¿Cuánto ha pagado? Con esto determinaríamos cuanto es el
costo de la corrupción en el sistema judicial.
8.
Publicar todos los actuados de las sentencias de
los jueces de todas las instancias, para determinar las líneas o teorías que
cada juez mantenga en su vida profesional, es decir cuáles son sus precedentes
doctrinales, donde los litigantes y sus abogados podrán prever y denunciar
cuando actúen distintamente en un caso frente a otros sin causa o
fundamentación para cambiar de postura.
-
Reformas
de leyes:
1.
Modernizar el Estado significa adecuar las leyes
a la realidad y al mundo globalizado, por ello debemos exigir no solo aprobar
reformas de leyes o nuevas leyes, sino que estas tenga el correspondiente
presupuesto, su plan de implementación y ejecución, para que no sean un
fracaso. Tenemos el nuevo código procesal civil que ha sido postergado su
aplicación por un año más por la improvisación de la reforma.
2.
La reforma de todos los códigos deben ser
coordinados en su estudio y socialización antes de su aprobación en el Congreso
de la República por universidades, estudiosos y sociedad civil, para mejorar o
encontrar las fallas que puedan tener en su implementación, aplicación o
ejecución.
3.
Previamente a la aprobación de una ley deben
haber estudios previos de factibilidad, mecanismos de medición y de resultados
para que sean reformas coherentes.
-
Institucionalización
de la Carrera Pública Judicial y del ministerio público:
1.
Los jueces y fiscales, como sus subalternos
deben tener concurso de méritos y ser inamovibles una vez estén dentro de la
carrera administrativa.
2.
Acabar con los interinatos y fortalecer la capacitación
constante.
3.
El funcionario judicial debe depender de él
mismo y de su puesto, no de un partido político ni presiones externas, por ello
debe haber la institucionalización de la administración pública y su
inamovilidad, por meritocracia.
4.
Se debe duplicar los sueldos y beneficios para
estos profesionales que dejan la vida privada por una vida a la función pública,
como becas para universidades a sus hijos y formación profesional de ellos
mismos, seguro de muerte, seguridad policial, bonos de vivienda y alimentación,
etc. Debe ser un honor y orgullo ser juez y fiscal.
5.
La corrupción judicial y en el ministerio
público deberá ser penalizada fuertemente, por los beneficios y sueldos elevados
que tendrán. Es decir, obtendrán tantos beneficios que desentivara al
funcionario judicial o fiscal recibir dinero ilícito para tener niveles medios
de vida.
6.
La potestad del funcionario judicial y fiscal de
denunciar insinuaciones o propuestas de corrupción, con penas implacables para
los ciudadanos que se animaran a tratar de corromperlos.
Política Criminal
-
Reformas
de la policía:
1. La
policía deberá profesionalizarse por áreas específicas y deberá tener tres
grandes áreas: a) los especialistas en crimen y organización criminal, b) los
especialistas en determinar infracciones o delitos de tránsito, y c) asuntos
internos, subdivido en: c.1 los que controlan e investigan a toda la policía, y
c.2 inteligencia para fines de seguridad o agentes encubiertos.
2. Estas
tres áreas deberán ser independientes y autónomas, coordinaran trabajos, y
deberán ser administrados o gobernadas por profesionales civiles, quienes
sancionaran las faltas internas. Los policías estarán al mando de civiles, y
dejaran de ser logias o grupos cerrados organizados.
3. El
ministerio de gobierno solo podrá tener coordinación y tuición de la policía,
de la subdivisión de asuntos internos en su rama de inteligencia.
4. Se
debe duplicar los beneficios y sueldos de los policías en todos sus niveles, no
aumentar el número, sino calidad y profesionalismo.
5. En
investigación y criminalista, el trabajo del campo lo hará la policía, como la
recolección de pruebas y mantener el orden, pero los trabajos de
investigaciones forenses y algunos tipos de investigación criminal podrá
contratarse y tener dentro de la policía no como parte orgánica, a
profesionales e investigadores civiles. Quienes deberán tener concurso de
méritos y estudios especializados en criminalística o investigación forense.
6. Deberán
crearse bonos por resultados y por éxitos de investigación.
7. Deberán
invertirse recursos del Estado en tecnología, infraestructura adecuada para
toma de declaraciones, y capacitación constante.
8. La
tortura o violación a los derechos humanos, como el falseamiento de pruebas por
parte de los órganos del Estado deberán ser sancionados drásticamente.
-
Reformas
del código procesal penal y del código penal:
1. Se
deberán hacer estudios econométricos y análisis económico del derecho para
determinar los delitos que más se comenten en el país, el nivel óptimo de las
penas y la probabilidad de detención del infractor.
2. Se
deberán hacer estudios econométricos y análisis económico del derecho, para
determinar si los delincuentes, una vez denunciados, obtiene sentencia y
cumplen condena.
3. Se
deberá determinar cuánto tiempo tarda la víctima en conseguir justicia y
conseguir el resarcimiento civil por los daños ocasionados.
4. Cuantos
de los denunciados, procesados y llevados a un juicio oral son declarados inocentes
o culpables para determinar la incidencia.
5. Se
deberá determinar la probabilidad de encontrar al criminal y su incidencia con
la pena obtenida, si esta es óptima para que puede disuadir a los que cometen
delitos.
6. No
existe sanción a las contravenciones y bagatela, menos centros de acogida o
reformatorios o trabajos comunitarios pre establecidos para redireccionar la
conducta de infractores.
-
Fortalecimiento
a las leyes penitenciarias:
1. Aunque
no lo crea, existe normas medianamente adecuadas para el régimen penitenciario
debemos exigir su cumplimiento.
2. Exigir
la construcción de cárceles modelos para sentenciados, recintos penitenciarios
para detenidos preventivamente y reformatorios o cárceles para delitos menores.
Además de cárceles especializadas para personas con trastornos mentales graves
que pueda hacer daño a los demás o a él mismo, para brindar tratamiento
adecuado y una residencia adecuada.
3. El
sentenciado no puede vivir gratis en la cárcel, deberá pagar los costos de
manutención, comida y vivienda con trabajos que pueda optar para realizar
internamente. Incluso poder ganar dinero o aprender un oficio, dentro del a cárcel,
para cuando salga libre tenga oficio y/o dinero en su haber.
4. Las
cárceles deberán ser protegidas y resguardada por la policía, pero administrada
por personas civiles, por concurso de méritos y elección democrática directa.
No tendrá tuición ni dependencia de nadie, solo del cumplimiento de las órdenes
judiciales, y en caso de seguridad de la prisión de la policía.
ACUERDO POLÍTICO
Los candidatos
a la presidencia deberán firmar públicamente un pacto, con parámetros mínimos de
entendimiento, para encarar una reforma judicial seria y la implementación de
una política criminal en Bolivia.
CONCLUSIÓN
Si mínimamente no
cumplimos estos parámetros para realizar una reforma seria y una política criminal
eficiente, estaremos condenados a vivir en el miedo, la intranquilidad y el
abuso de poder del más fuerte o del que detenta el poder político.
Quien tenga
dinero o acceso al poder, será el único que podrá utilizar las estructuras del
Estado a su favor, en contra de otros y en beneficio propio.
Si no se cree en
el poder judicial, no se cree en un componente fundamental del Estado, es decir
su fin no se cumple. Se deber recuperar la confianza y la fe en el órgano
judicial.
Si no se cree en
la policía y no se tiene confianza en ella, y más por el contrario esta
institución genera miedo y temor, quiere decir que no existe quien proteja y
brinde seguridad al ciudadano, por ende el Estado no brinda seguridad es decir
su fin no se cumple.
Si existen leyes
que no se cumplen, o la sociedad siente que existen preferencias para su
aplicación entre unos y otros, quiere decir que no hay igualdad, y por ende el
Estado no cumple con su fin.
Si no se realiza
una reforma judicial e implementamos una política criminal adecuada y eficiente,
Bolivia está condenada a dejar de existir o ser manejada por los que representen
los vicios de la sociedad o por el crimen organizado.
[1] Este es
un ensayo de referencia y propuesta simplificada de un “deber hacer”, motivada por
los hechos de inseguridad ciudadana y crímenes acontecidos recientemente, no es
un marco teórico científico que llevaría mayor tiempo de estudio e
investigación.
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