Licencia para matar en Bolivia: homicidio en accidentes de transito


Por: Walter Javier Arrázola Mendivil

Los accidentes de tránsito pueden tener dos condicionantes, por un lado que sea un hecho fortuito sin culpa o negligencia, es decir que es ocasionado por situaciones externas al conductor, incluso teniendo el deber de cuidado al manejar (Ej.: reventado de llanta, frenos, etc., siempre y cuando tengan el mantenimiento respectivo); por otro lado, quien ha violentado normas de tránsito y ha tenido negligencia en su accionar ocasionando algún accidente, o que la misma norma determine tácitamente la negligencia como un acto doloso, como el conducir en estado de ebriedad o con influencias de drogas, o no realizar el mantenimiento adecuado al motorizado (Ej.: llantas viejas por el kilometraje).

En el fondo el accidente es un hecho no querido, sin embargo se puede tener responsabilidad penal si no se ha tenido el deber de cuidado y cumplido con las normas de tránsito a cabalidad.  Siempre en un accidente habrá responsabilidad civil, de acuerdo al grado de responsabilidad de los intervinientes en el mismo, incluyendo a los peatones.

Muchas veces, puede acaecer la muerte de una persona en un accidente de tránsito en circunstancias en que no existe responsabilidad penal por haber sido, valga la redundancia, un accidente. En donde todos los actores de los hechos cumplieron con las normas establecidas y el deber de cuidado. O por el contrario, quien ha fallecido es quien por su propia negligencia ocasiono el hecho (un conductor o peatón en estado de ebriedad).

En Bolivia, ¿como se obtiene la licencia de conducir? ¿como se comporta los conductores frente a las normas de transito? ¿Como están calificadas las infracciones de transito o los delitos? ¿se confia en la autoridad de transito? 

La norma penal es confusa cuando dice el que resultare “culpable” de la muerte en accidente de tránsito, no haciendo diferenciación entre quien ha cumplido con el deber de cuidado y quién ha sido negligente y que por aquella acciones resultaron personas heridas o fallecidas. Dando una pena de uno a tres años. Sanción que, según el código procesal penal puede acogerse a la suspensión condicional de la pena o al criterio de oportunidad. La situación se hace menos gravosa cuando el conductor es un menor de edad, por la atenuación de la sanción a cuatro quintas partes del máximo de la pena.

Esta situación ocasiona que las víctimas (familiares del fallecido) y la sociedad sientan que no existe justicia, ni que se ha reparado con el daño ocasionado, aclarando que para la muerte no existe reparo ni dinero que devuelva al ser querido.

La única agravante, en donde quien cometió el hecho de transito si puede ir a la cárcel, con una sentencia dura, es cuando está bajo influencia de alcohol o drogas, y la pena sube de cinco a ocho años.  Dejamos  de lado para este pequeño análisis, la responsabilidad civil que en Bolivia es nula o de difícil cumplimiento para las víctimas, a no ser las conciliaciones o acuerdos llegados, que en muchas ocasionas terminan siendo extorsiones.

La norma vigente no da una sanción clara o pena óptima  para un hecho que se constituye delito, como el homicidio en accidente de tránsito, con el agravante que la justicia se encuentra deteriorada, la policía de tránsito no tiene los mecanismos idóneos ni personal capacitado para realizar informes técnicos, el código de transito de Bolivia es contradictorio y antiguo, no existen señalizaciones menos educación vial, y peor aún que en el imaginario colectivo está que las sentencias son injustas para las víctimas y a favor de los criminales por la corrupción que existe.


Esto ocasiona que la norma penal, en los homicidios por accidentes de tránsito, no sirve como un mecanismo disuasivo para quienes ven la posibilidad de manejar con imprudencia, es decir los conductores en Bolivia tienen licencia para matar. 

¿Y si Evo Morales tuviera cáncer?


Por: Walter Javier Arrázola Mendivil

No sería una grata noticia, más al contrario generaría tristeza para muchos y lastima. Esta última puede transformarse en una sutil forma de discriminación.

No faltaran que algunos imbéciles pudieran alegrarse, otros solo tendrán consideración y cordura, pues esta enfermedad es algo que no mira color, credos políticos, pueblos indígenas o altos cargos políticos como dignatarios de Estado.

El ex presidente Hugo Chavez sufrió y murió de cáncer. Una enfermedad cruel y despiadada, que no puede ser ganada ni con ejércitos ni con represión.

Las enfermedades y la muerte cuando asechan, hacen tener fe y esperanza hasta al más acérrimo ateo.

Cuando planteo que si el mandatario del Estado tuviera cáncer, lo hago desde el punto de vista humano, para que entendamos la desesperación de familiares y amigos, como no del propio doliente y enfermo, que sufre no solo al saber que la llegada de la muerte le acaricia su cabeza redonda y sin pelos,  con menos fuerza, y lo peor de todos que las miradas que tiene alrededor son de lastima o falsos sentimientos.

Hasta los médicos que deben atender al mandatario deben sufrir. Pues puede tener una complicación el paciente y que al ser un hombre de Estado deben tener mayor cuidado en todos los protocolos que hacen. La culpa ya no sería de la enfermedad sino de ellos.

Ese sufrimiento, esos problemas son los que me interesan que el presidente y los bolivianos pensemos y hagamos una catarsis. Pero comparemos al presidente con un ciudadano común.

¿En qué hospital público o privado será atendido el primer mandatario? ¿Quién pagara sus curaciones y cuentas de la quimioterapia? ¿Qué transporte utilizara para ir al  médico? ¿Ira a otro país? ¿Qué pasaría si muere de cancer?

También me gustaría reflexionar ¿Si usted tiene cáncer donde seria atendido? ¿Tendrá dinero para pagar las quimioterapias? ¿Está asegurado en alguna caja de salud? ¿Qué pasara con su familia si usted muere?

La iglesia católica hoy tributa y tiene menos recursos económicos para atender las obras sociales de los más desprotegidos, sea en hospitales, donación de medicamentos, hogares de niños y centros de rehabilitación, etc. De todas formas estará siempre ahí para que sea atendido cualquier dignatario de Estado, Ministro, ateo, o quien requiera comprensión, cariño, amor, paz y atención. Remedios del alma que acompañan con los del cuerpo y que una clínica privada y los mejores médicos nunca nos los dan.

Esa es la receta para curar enfermos, curar sus heridas del cuerpo, pero sobre todo las del alma. Gracias padre Mateo por luchar por los niños con cáncer y por proponer una mejor salud y atención, tanto para el primer mandatario de Estado como para los más necesitados. Gracias a todos esos curas que curan a la gente.

 

Responsabilidad civil y responsabilidad penal


 Por: Walter Javier Arrázola Mendivil

 

No todos los hechos son delitos, pero si todas las acciones y hechos conllevan una responsabilidad. Es decir de un delito emerge la responsabilidad civil, y de un hecho no delictivo, contractual o extracontracual, puede también emerger una responsabilidad civil si se ha ocasionado un daño injusto.  

Entonces, debemos distinguir entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal, ya que esta última tiene por finalidad que una persona responda por los daños o perjuicios causados a la sociedad a través de una sanción punitiva o medida de seguridad, no a un individuo en particular, aunque como consecuencia del delito pueda este tener acceso a la reparación del daño.

En la responsabilidad penal los daños o perjuicios ocasionados a la víctima tienen un carácter social en primera instancia, que impone como pago del daño una pena punitiva o medida de seguridad. En segunda instancia, se busca el resarcimiento del daño ocasionado, cuando existe una sentencia ejecutoriada, al particular quien sufrió el daño (patrimonial) ocasionado como consecuencia del delito.

Por otro lado, la responsabilidad civil intenta asegurar a las víctimas la reparación de los daños privados que le han sido causados, y trata de poner las cosas en el estado en que se encontraban antes del daño mismo. La sanción de la responsabilidad civil es, en principio, indemnizatoria y no represiva, como la penal.

Ambas ramas del derecho (civil y penal) pueden presentarse en un mismo hecho. Es decir, puede aplicarse una pena privativa de libertad, sin perjuicio de la responsabilidad civil que pudiera acarrear haber incurrido en un hecho.

Recapitulando, los delitos corresponden al derecho penal, y las responsabilidades por hechos contractuales o extracontractuales, corresponden el derecho civil. El primero busca una pena punitiva (cárcel) por la infracción a la norma que conlleva también a la responsabilidad civil o resarcimiento, en cambio el derecho civil solo tiene como “pena” el resarcimiento económico.

En Bolivia el derecho penal, que debería ser la última ratio, es utilizado como mecanismo de extorsión para llegar a acuerdos y negociaciones que deberían realizarse en el ámbito del derecho civil.

La investigación o etapa preparatoria (con la imputación y audiencia cautelar) es el mejor momento para presionar y llegar a acuerdos de resarcimientos de daños civiles, pues es mejor “un mal arreglo a un buen pleito”, y en muchos delitos de acción pública que exista la posibilidad de la detención preventiva como medida precautoria se hace un abuso y mala interpretación de las mismas. Cuando la regla debe ser la libertad, y la detención preventiva la excepción.

Esta práctica es realizada en la creencia que el derecho procesal penal es más rápido y económico para llegar a soluciones o negociaciones de daños que el procesal civil; cuando en realidad los dos procesos son largos (3 a 5 años, o más), tediosos, corruptibles y con pocos resultados concretos para personas de escasos recursos.

La verdad, es que a nadie le interesa meter preso otra persona cuando sufre un daño, al menos que sean hechos (delitos) graves como homicidios, lesiones, asesinatos, etc., o en su caso el orgullo sea mayor (la victima lo valore así) que el daño patrimonial que pudo haber ocasionado el delito.

Lo que todo ser humano busca es el resarcimiento del daño, sea con una pena punitiva o el resarcimiento económico por lo ocasionado. En Bolivia el derecho de daños es casi nulo en el derecho civil y con muy pocos resultados concretos y conocidos.

Por eso, un estafador de gran envergadura prefiere ir preso (con condena o no), porque el dinero robado será utilizado para pagar abogados,  consciencias de funcionarios públicos y manutención por lo que dure el proceso penal o el cumplimiento de la condena misma.

Si el estafador va preso por el máximo de la pena y logra ocultar bien los bienes estafados, cumplirá la condena y tendrá dinero para disfrutar luego de salir de presión.

En materia penal, recién con la sentencia ejecutoriada se podrá iniciar la reparación del daño. ¿Se ha hecho justicia? ¿La cárcel era lo que realmente quería la victima? Pues no, la sociedad se ha satisfecho porque ha logrado sancionar con una condena a quien ha incumplido el orden social y protege a los demás ciudadanos que el estafador sigua estafando, pero la víctima sino ha recuperado su dinero no estará satisfecho o no se habrá hecho justicia.

“La responsabilidad civil es la obligación que recae sobre una persona de cumplir su obligación (responsabilidad contractual) o de reparar el daño que ha causado a otro (responsabilidad extracontractual), sea en naturaleza o bien por un equivalente monetario, habitualmente mediante el pago de una indemnización de perjuicios. Díez-Picazo define la responsabilidad como «la sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta impuesto en interés de otro sujeto a la obligación de reparar el daño producido». Aunque la persona que responde suele ser la causante del daño, es posible que se haga responsable a una persona distinta del autor del daño, caso en el que se habla de «responsabilidad por hechos ajenos», como ocurre, por ejemplo, cuando a los padres se les hace responder de los daños causados por sus hijos o al propietario del vehículo de los daños causados por el conductor con motivo de la circulación.

La responsabilidad civil puede ser contractual o extracontractual. Cuando la norma jurídica violada es una ley (en sentido amplio), se habla de responsabilidad extracontractual, la cual a su vez puede ser o bien delictual o penal (si el daño causado fue debido a una acción tipificada como delito) o cuasi-delictual o no dolosa (si el perjuicio se originó en una falta involuntaria). Cuando la norma jurídica transgredida es una obligación establecida en una declaración de voluntad particular (contrato, oferta unilateral, etcétera), se habla entonces de responsabilidad contractual.” (Wikipedia: responsabilidad civil).

En el caso concreto del niño que falleció cuando se le cayó un travesaño de futbol, desde mi punto de vista existe responsabilidad civil extracontractual en contra del Municipio. Pues nunca se quiso realizar la acción, nunca se quiso hacer daño, fue un hecho fortuito, aunque pudiera haber omisión o incumplimiento de funciones por algún funcionario, pues ese incumplimiento quedaría atenuado por los grados de responsabilidad que pudieran tener varios funcionarios, reparticiones o la empresa subcontratada para hacer las refacciones, es decir no habría una persona en concreto para acusar  y demostrar fehacientemente que hubiera incumplido un deber especifico, la duda favorece al encausado y lo exculpa de la responsabilidad penal, pero no de la civil.

La responsabilidad civil, es muy evidente del municipio y es contra la máxima autoridad, quien deberá responder ante el particular. Posteriormente el municipio repetirá contra los que ocasionaron el daño directamente por el incumplimiento de sus funciones, si corresponde.

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta macro para una Reforma Judicial y Política criminal para Bolivia


IN MEMORIAM DE SOPHIA: Amor a la Sabiduría
“Para vivir mejor, en paz y en libertad”[1]

Por Walter Javier Arrázola Mendivil

Todas las sociedades civilizadas y modernas se organizan en Estados, democráticos y libres. La distribución del poder, el acceso al poder, como los posibles abusos del poder son controlados y regulados por las normas (éticas y escritas) que rigen en aquellas sociedades y por el propio ciudadano verdadero dueño del poder que lo ha cedido a la ficción de aquel ente llamado Estado.

Entonces, el poder es controlado y delegado a la institucionalidad pública democrática y a sus distintos subniveles territoriales de gobiernos, quienes están más cerca y en contacto directo con la sociedad o el ciudadano de a pie. Ineludiblemente estamos hablando de la descentralización del poder o de la autonomía que deben tener los subniveles, es decir del gran Estado del siglo XIX a los grandes municipios y departamentos (provincias, estados federales, regiones, etc.) del siglo XXI.

Mientras los valores éticos y principios de una sociedad no sean el propugnar la virtud, la bondad y la moralidad, están condenando a ser representados y gobernados por los vicios que ella misma crea o consciente.

Por eso, en toda sociedad, debe haber un ideal y referente de el “deber ser”, como llegar a hacerlo y como evitar que esos valores decaigan, sino más bien volverlos progresivos o moldearlos en el tiempo. Por lo general, la constitución de los Estados es donde está representado aquello. Se dice muy acertadamente que un país donde no se respeten los derechos de las personas, no se cumplan las leyes, no existe constitución aunque esta esté escrita.

La constitución y las leyes son las que deben garantizar la libertad de los individuos y sobre todo su seguridad  para “vivir mejor”.

Cuando se habla de seguridad ineludiblemente se habla de paz social y tranquilidad pública, donde se premia a quien cumple la ley y castiga a quienes la incumplen. Existiendo incentivos, moldeados primeramente por los principios morales y éticos del individuo que han sido traspalado a la sociedad a través de leyes.

Las leyes deben ser éticas sino no la sociedad no podrá cumplirlas porque irían contra su naturaleza propia, o en su casa deberá repudiarlas para propugnar la virtud frente a los vicios.

Cuando una ley no se cumple, no solo se viola o transgrede la norma, sino la ética del individuo mismo que hace daño a la sociedad con esa transgresión.

No es la cantidad de leyes que determinan una gran nación, sino la calidad de leyes que muestran la “riqueza de las naciones”, el como se cumplen y se aplican las mismas miden la calidad de libertad, democracia y civilización.

Tácito decía  “cuanto más corrupto es un Estado, mayor cantidad de leyes tiene”, por su parte Montesquieu expresaba que “no hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia”.

Con estos antecedentes planteo las siguientes líneas de acciones para una reforma judicial en Bolivia y una política criminal que nos genere paz social, tranquilidad y seguridad, que los ciudadanos debemos exigir.

 

Reforma Judicial

-          Evaluación:

En las materias de familia, civil-comercial y penal, debe haber estudios estadísticos y econométricos enfocados en:

 

1.       El tipo de acción denunciada (Ej. Familiar: Divorcio, Civil: Daños, Penal: Homicidio)

2.       El tiempo de cuanto tarda la sentencia en primera instancia, segunda instancia o apelación, y por ultimo casación.

3.       Determinar si cada juez tiene los mismos fallos en hechos similares, y porque en unos casos tarda más que otros. Si se observaran incongruencias, se evidenciaría que existe corrupción.

4.       Cuanto tardan las citaciones con la demanda, las notificaciones de los actuados.

5.       Determinar los promedios de años que tarda un divorcio, de una demanda civil o de un juicio penal. Ej. 3, 4 o  5 años.

6.       Determinar los costos de litigar para las personas, si es mejor denunciar y proseguir una acción o no denunciar por los costos elevados que debe tener el contratar abogados y gastos accesorios.

7.       Determinar con encuestas los niveles de corrupción, con cuestionarios anónimos a los litigantes, como por ejemplo: ¿Alguna vez ha pagado a un juez, a un abogado, a un policía, a un fiscal, para favores judiciales? ¿Cuánto ha pagado? Con esto determinaríamos cuanto es el costo de la corrupción en el sistema judicial.

8.       Publicar todos los actuados de las sentencias de los jueces de todas las instancias, para determinar las líneas o teorías que cada juez mantenga en su vida profesional, es decir cuáles son sus precedentes doctrinales, donde los litigantes y sus abogados podrán prever y denunciar cuando actúen distintamente en un caso frente a otros sin causa o fundamentación para cambiar de postura.

 

-          Reformas de leyes:

 

1.       Modernizar el Estado significa adecuar las leyes a la realidad y al mundo globalizado, por ello debemos exigir no solo aprobar reformas de leyes o nuevas leyes, sino que estas tenga el correspondiente presupuesto, su plan de implementación y ejecución, para que no sean un fracaso. Tenemos el nuevo código procesal civil que ha sido postergado su aplicación por un año más por la improvisación de la reforma.

2.       La reforma de todos los códigos deben ser coordinados en su estudio y socialización antes de su aprobación en el Congreso de la República por universidades, estudiosos y sociedad civil, para mejorar o encontrar las fallas que puedan tener en su implementación, aplicación o ejecución.  

3.       Previamente a la aprobación de una ley deben haber estudios previos de factibilidad, mecanismos de medición y de resultados para que sean reformas coherentes.

 

-          Institucionalización de la Carrera Pública Judicial y del ministerio público:

 

1.       Los jueces y fiscales, como sus subalternos deben tener concurso de méritos y ser inamovibles una vez estén dentro de la carrera administrativa.

2.       Acabar con los interinatos y fortalecer la capacitación constante.

3.       El funcionario judicial debe depender de él mismo y de su puesto, no de un partido político ni presiones externas, por ello debe haber la institucionalización de la administración pública y su inamovilidad, por meritocracia.

4.       Se debe duplicar los sueldos y beneficios para estos profesionales que dejan la vida privada por una vida a la función pública, como becas para universidades a sus hijos y formación profesional de ellos mismos, seguro de muerte, seguridad policial, bonos de vivienda y alimentación, etc. Debe ser un honor y orgullo ser juez y fiscal.

5.       La corrupción judicial y en el ministerio público deberá ser penalizada fuertemente, por los beneficios y sueldos elevados que tendrán. Es decir, obtendrán tantos beneficios que desentivara al funcionario judicial o fiscal recibir dinero ilícito para tener niveles medios de vida.

6.       La potestad del funcionario judicial y fiscal de denunciar insinuaciones o propuestas de corrupción, con penas implacables para los ciudadanos que se animaran a tratar de corromperlos.

 

Política Criminal

 

-          Reformas de la policía:

 

1.       La policía deberá profesionalizarse por áreas específicas y deberá tener tres grandes áreas: a) los especialistas en crimen y organización criminal, b) los especialistas en determinar infracciones o delitos de tránsito, y c) asuntos internos, subdivido en: c.1 los que controlan e investigan a toda la policía, y c.2 inteligencia para fines de seguridad o agentes encubiertos.

2.       Estas tres áreas deberán ser independientes y autónomas, coordinaran trabajos, y deberán ser administrados o gobernadas por profesionales civiles, quienes sancionaran las faltas internas. Los policías estarán al mando de civiles, y dejaran de ser logias o grupos cerrados organizados.

3.       El ministerio de gobierno solo podrá tener coordinación y tuición de la policía, de la subdivisión de asuntos internos en su rama de inteligencia.

4.       Se debe duplicar los beneficios y sueldos de los policías en todos sus niveles, no aumentar el número, sino calidad y profesionalismo.  

5.       En investigación y criminalista, el trabajo del campo lo hará la policía, como la recolección de pruebas y mantener el orden, pero los trabajos de investigaciones forenses y algunos tipos de investigación criminal podrá contratarse y tener dentro de la policía no como parte orgánica, a profesionales e investigadores civiles. Quienes deberán tener concurso de méritos y estudios especializados en criminalística o investigación forense.

6.       Deberán crearse bonos por resultados y por éxitos de investigación.

7.       Deberán invertirse recursos del Estado en tecnología, infraestructura adecuada para toma de declaraciones, y capacitación constante.

8.       La tortura o violación a los derechos humanos, como el falseamiento de pruebas por parte de los órganos del Estado deberán ser sancionados drásticamente.

 

 

-          Reformas del código procesal penal y del código penal:

 

1.       Se deberán hacer estudios econométricos y análisis económico del derecho para determinar los delitos que más se comenten en el país, el nivel óptimo de las penas y la probabilidad de detención del infractor.

2.       Se deberán hacer estudios econométricos y análisis económico del derecho, para determinar si los delincuentes, una vez denunciados, obtiene sentencia y cumplen condena.

3.       Se deberá determinar cuánto tiempo tarda la víctima en conseguir justicia y conseguir el resarcimiento civil por los daños ocasionados.

4.       Cuantos de los denunciados, procesados y llevados a un juicio oral son declarados inocentes o culpables para determinar la incidencia.

5.       Se deberá determinar la probabilidad de encontrar al criminal y su incidencia con la pena obtenida, si esta es óptima para que puede disuadir a los que cometen delitos.

6.       No existe sanción a las contravenciones y bagatela, menos centros de acogida o reformatorios o trabajos comunitarios pre establecidos para redireccionar la conducta de infractores.

 

-          Fortalecimiento a las leyes penitenciarias:

 

1.       Aunque no lo crea, existe normas medianamente adecuadas para el régimen penitenciario debemos exigir su cumplimiento.

2.       Exigir la construcción de cárceles modelos para sentenciados, recintos penitenciarios para detenidos preventivamente y reformatorios o cárceles para delitos menores. Además de cárceles especializadas para personas con trastornos mentales graves que pueda hacer daño a los demás o a él mismo, para brindar tratamiento adecuado y una residencia adecuada.

3.       El sentenciado no puede vivir gratis en la cárcel, deberá pagar los costos de manutención, comida y vivienda con trabajos que pueda optar para realizar internamente. Incluso poder ganar dinero o aprender un oficio, dentro del a cárcel, para cuando salga libre tenga oficio y/o dinero en su haber.

4.       Las cárceles deberán ser protegidas y resguardada por la policía, pero administrada por personas civiles, por concurso de méritos y elección democrática directa. No tendrá tuición ni dependencia de nadie, solo del cumplimiento de las órdenes judiciales, y en caso de seguridad de la prisión de la policía.

ACUERDO POLÍTICO

Los candidatos a la presidencia deberán firmar públicamente un pacto, con parámetros mínimos de entendimiento, para encarar una reforma judicial seria y la implementación de una política criminal en Bolivia.

 

CONCLUSIÓN

Si mínimamente no cumplimos estos parámetros para realizar una reforma seria y una política criminal eficiente, estaremos condenados a vivir en el miedo, la intranquilidad y el abuso de poder del más fuerte o del que detenta el poder político.

 

Quien tenga dinero o acceso al poder, será el único que podrá utilizar las estructuras del Estado a su favor, en contra de otros y en beneficio propio.

 

Si no se cree en el poder judicial, no se cree en un componente fundamental del Estado, es decir su fin no se cumple. Se deber recuperar la confianza y la fe en el órgano judicial.

 

Si no se cree en la policía y no se tiene confianza en ella, y más por el contrario esta institución genera miedo y temor, quiere decir que no existe quien proteja y brinde seguridad al ciudadano, por ende el Estado no brinda seguridad es decir su fin no se cumple.

 

Si existen leyes que no se cumplen, o la sociedad siente que existen preferencias para su aplicación entre unos y otros, quiere decir que no hay igualdad, y por ende el Estado no cumple con su fin.

 

Si no se realiza una reforma judicial e implementamos una política criminal adecuada y eficiente, Bolivia está condenada a dejar de existir o ser manejada por los que representen los vicios de la sociedad o por el crimen organizado.

 



[1] Este es un ensayo de referencia y propuesta simplificada de un “deber hacer”, motivada por los hechos de inseguridad ciudadana y crímenes acontecidos recientemente, no es un marco teórico científico que llevaría mayor tiempo de estudio e investigación.

Sophia y la política criminal


Por: Walter Javier Arrázola Mendivil[1]



Sophia es amor y sabiduría, amor al estudio y su dedicación, que como único fin es ético y moral en busca de respuesta para mejorar la sociedad y su entorno de quien estudia cualquier área de la ciencia. En otras palabras, es la sapiencia en su mayor expresión lo que ha cambiado y cambiará a la sociedad.

Lo que ha pasado con el asesinato de una mujer joven, brillante, profesionalmente excepcional, que su nombre representa el amor, es que nuestra sociedad ha dejado de lado la preocupación por la “cosa pública”, nos hemos despreocupado por los otros, por todos y por el desinterés de la sapiencia. Todos somos culpables del crimen de Shopia.
 
En Bolivia no existe una política criminal, y la justicia está en una decadencia que huele a heces, que ocasiona no solo un mal olor sino la desconfianza del sistema, además de agravar los índices de delincuencia, pues el poder judicial, el ministerio público y la policía son quienes cometen más delitos que otros criminales.
 
El derecho penal hoy es un mecanismo de extorsión, represión y abuso de quienes tienen poder o contactos con el gobierno de turno. ¿Alguna vez ha sido víctima de un abogado, de un juez, de un fiscal o de un policía que lo ha extorsionado?
 
Hoy existe una gran desconfianza en la institucionalidad pública de la justicia y miedo a caer ante ella, pues de antemano se sabe que habrá injusticia o extorsión.
La política criminal “es la acción planeada de procedimientos preventivos y represivos contra el crimen“. Como cualquier política, es comandada por un discurso orientado que propone un conjunto de estrategias o procedimientos por medio de los cuales el Estado y la sociedad organizan sus respuestas al problema de la criminalidad.
 
La aplicación de los conocimientos criminológicos para prevenir y controlar las conductas antisociales. Atiende desde la prevención del delito hasta la reincorporación del ex reo a la vida en sociedad.
 
Constituye un análisis crítico de los sistemas de poder punitivo y control social para determinar si es adecuada la respuesta estatal al prevenir y reprimir la criminalidad.
Para Giuseppe Maggiore “la política criminal es la ciencia o arte de los medios que se sirve el estado para prevenir y reprimir los delitos”.**
 
Política criminal no existe en Bolivia, no existen cárceles adecuadas, existen muy pocos jueces, fiscales o policías probos. Los funcionarios judiciales y fiscales están desbordados por las causas y denuncias, la policía por falta de tecnología y capacitación, y todos estos no tienen un salario acorde al trabajo que deben ejercer, son pagados miserablemente frente al rol que deben desempeñar.
 
Hoy debemos como sociedad preguntarnos: ¿Por qué la pérdida de valores como sociedad? ¿Es más fácil, más racional, para sobrevivir en el Estado actual ser delincuente, que un hombre honesto y justo?
 
Más que nunca debemos hacer un análisis económico del derecho penal y de la política criminal en particular, y del sistema de justicia en general.
 
Debemos estudiar la incidencia de los incentivos que como sociedad existen o tenemos para romper las normas morales y las normas jurídicas, o a contrario sensu cumplirlas.
 
Es decir, el ser humano actúa racionalmente (no en el caso del asesinato de la joven) en costos y beneficios, para cometer delitos o incumplir la norma, o en su caso cumplirlas.
 
La ley, su vigencia, aplicabilidad y racionalidad ha sido con frecuencia apreciadas desde la perspectiva formalista, sin encontrar su vinculación con la eficiencia. El delito en el derecho penal se debe estudiar desde la eficiencia para su prevención, los costos o medios por lo que la sociedad usando métodos que no perjudiquen otro valor, lo socialmente deseable y óptimo del rol normativo para tener un resultado deseado de disuasión, prevención o sanción.
 
Andrés Roemer, estudioso del análisis económico del derecho, expresa que se puede aplicar un modelo económico del comportamiento criminal cuando el objetivo del delincuente es maximizar su utilidad teniendo en consideración tanto los beneficios como los costos esperados traídos a valor presente de la actividad criminal. El análisis partiría de un supuesto sobre las preferencias de los delincuentes y tendría que incluir todas las restricciones a las que se enfrenta éste.
 
¿No será que el Estado Boliviano está dando incentivos (negativos) para que la gente cometa ciertos delitos? ¿No será que la política criminal no logra disuadir a los ciudadanos para que no cometan ciertos delitos? ¿No será que el Estado Boliviano incentiva a que la gente pierda los valores y cometa ciertos delitos por ser más eficiente que ser honesto y un buen ciudadano? ¿Será que ser honesto en Bolivia tiene un costo muy alto, frente a quebrantar la ley y vivir de los beneficios de la misma?
 
Como ejemplo: qué probabilidad de que atrapen a un narcotraficante (de los grandes) existe, que sea sancionado penalmente, que cumpla una condena en una cárcel adecuada (o sea una de verdad), qué probabilidad que con el dinero que genera ese negocio ilícito pueda comprar su libertad a jueces y fiscales. Este análisis debemos hacerlo no solo en el delito de narcotráfico sino en todos los delitos en general.
 
*Ex Diputado, Magister en “Derecho, Economía y Políticas Públicas”, especializado en Reforma Judicial y análisis económico del Derecho.

Incertidumbre procesal en Bolivia


Por: Walter Javier Arrázola Mendivil
En la aplicación o vigencia anticipada del nuevo derecho procesal civil, nos encontramos ante una incertidumbre en la aplicación e interpretación de las normas procesales, en el entendido que la disposición transitoria segunda ha puesto en vigencia los artículos que regulan: el domicilio procesal (art. 72), la comunicación procesal (art. 73 al 88), el computo de los plazos procesales (art. 89 al 95), la nulidad de los actos procesales (art. 105 al 109), la citaciones y emplazamientos (art. 117 al 124) y las excusas y recusaciones (art. 347 al 356).

Por estilo y concordancia, la disposiciones derogatorias y abrogatorias, en su disposición primera establece la derogación de los artículos 1 al 15 y del 19 al 59 de la Ley Nº 1760 o de Abreviación procesal civil y de asistencia familiar. Manuel Ossorio en su diccionario de Ciencias Jurídicas explica que “derogar significa dejar sin efecto o suprimir parcialmente una ley […], en todo o en parte, un precepto jurídico precedente”.  Por lo contrario, abrogar es el todo.

La disposición derogatoria y abrogatoria segunda, es concordante con la disposición transitoria primera, sobre la entrada en vigencia plena de la Ley Nº 439 del 19 de noviembre del 2013, que establece el 6 de agosto del 2014, por ende abroga el Decreto Ley Nº 1270 o código de procedimiento civil y la ley Nº 1770 que lo elevó a rango de ley.

Sin embargo en la disposición transitoria cuarta, establece que “los procesos en curso y presentados con anterioridad a la vigencia plena del presente Código continuarán rigiéndose por el Código de Procedimiento Civil, hasta la resolución en primera instancia […].”

Ahora bien, las preguntas y reflexiones que nos debemos hacer, responder y aclarar, sobre todo por el Poder Judicial, son:

          ¿Si, la “derogatoria” de los art. 1 al 15 y del 19 al 59 de la Ley Nº 1760, de Abreviación procesal civil y de asistencia familiar, entran en vigencia desde la “abrogación” de la Ley en el 2014, o desde la publicación de la Ley Nº 439 el 25 de noviembre del 2013?

La interpretación lógica sería obvia, desde que entró en vigencia se “derogan” esos artículos.

             Esto tiene coherencia, por estilo y concordancia, si tomamos en cuenta que los art. 2 al 15 de la Ley Nº 1760 prescriben el régimen de las recusaciones y excusas y su trámite, y entran en vigencia anticipada de Ley Nº 439 la recusación y excusa en sus arts. 347 al 356.

           El problema y la incertidumbre surgen en los arts. 1 y 19 al 59 de Ley Nº 1760, pues estos detallan las modificaciones que se hizo al Decreto Ley Nº 1270 o código de procedimiento civil, que fue elevado a rango de ley y lo referente al sistema de recursos o impugnación en Bolivia. Es decir, salen del ordenamiento jurídico el reconocimiento judicial de firmas, la apelación en efecto diferido, la radicatoria, las complementaciones de las apelaciones, la intimación de pago, la ejecución coativa y otras modificaciones que la referida norma incorporo al procedimiento civil.

            Actualmente, bajo esta interpretación, estamos regidos transitoriamente hasta el 6 de agosto del 2014 por un Decreto Ley, sin las modificaciones realizadas en 1997 por la Ley Nº 1760.

            La contra argumentación, del punto anterior, podría ser la interpretación de la disposición transitoria cuarta. Sin embargo, ¿Qué se entiende por procesos en curso y presentados con anterioridad a la vigencia plena? Después de responder esa pregunta a contrario sensu ¿Podrá entrar en vigencia anticipada entonces el nuevo código procesal?

Mi testimonio: doblemente testigo



Walter Javier Arrázola Mendivil*

 

He sido presentado por la defensa de Leopoldo Fernandez como testigo de descargo, en el juicio oral por la “Masacre de Pando”; pero también he sido testigo de la parcialidad que tiene el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz, para con el Ministerio Público y los abogados de las supuestas víctimas, en contra de los autonomistas o supuestos culpables, quienes en realidad fueron y son las verdaderas víctimas de los hechos sucedidos en Pando y hoy aparecen como victimarios, sin un debido proceso, sin el juez natural y con casi cinco años de detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz sin sentencia.

 

Fueron aproximadamente 20 horas de interrogatorios, casi 10 días de estadía en La Paz en un mes de manera discontinua, resquebrajando mi trabajo y fuente laboral, alejado de mi familia, y gastando de mis recursos poco más de mil dólares entre pasajes, alojamiento y comidas. He sido testigo de esto y he vivido en carne propia el perjuicio que uno se ocasiona en estos ajetreos. Me pregunto: ¿cómo se sentirán los presos políticos lejos de sus familias, sin dinero y sin el juez natural de donde supuestamente cometieron los delitos, sobre todo sin libertad? Gracias a Dios, todavía yo como testigo lo hago en libertad.

 

No estoy seguro si en la historia de Bolivia ha existido un testigo con tantas horas de interrogatorio, en donde la parte acusadora realizaba preguntas capciosas, repetitivas, con argumentaciones antes de hacer la pregunta y afirmaciones que supuestamente realizaba el testigo, sin que el Tribunal regulara esto, a pesar de la intervención de los abogados de la defensa que pedían el derecho a la dignidad y el respeto al testigo. El Tribunal simplemente ignoraba el pedido, omitía o fallaba a favor de las agresiones en contra del testigo.

 

El testigo se encontraba sentando en una especie de pequeño cuadrilátero abierto de madera, con un asiento empotrado en uno de sus lados, con medio metro debajo y enfrente del Tribunal, estando al lado derecho los acusados y al lado izquierdo los acusadores.

 

He sido testigo de cómo se prohibía el uso del teléfono celular a todos en la Sala, como debería ser, menos a la abogada de las supuestas víctimas, que fue la misma ex defensora del terrorista Álvaro Garcia Linera en otras épocas.

 

Pero, ¿por qué fui presentado como testigo? Cuando ejercía la diputación, conjuntamente con la confederación latinoamericana de oenegés UnoAmérica denunciamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 23 de junio del 2009, en Washington, por crímenes de lesa humanidad por los hechos acaecidos en Pando, al Estado Boliviano. Las investigaciones arrojaron que los responsables, gestores y promotores de la violencia en septiembre del 2008, por acción u omisión, fueron el presidente de Bolivia Evo Morales, el vicepresidente García Linera, el ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana, Chiquitín Becerra, la policía y el ejército, entre otros.

 

Denunciamos y demostramos que los informes de Unasur realizados por el terrorista Rodolfo Matarollo, de la Defensoría del Pueblo y otros, tenían imprecisiones y falsedades, como por ejemplo que algunas personas dadas por muertas estaban bien vivas, que muchas de las víctimas presentadas como “campesinos afines al gobierno” como víctimas en dichos informes eran autonomistas.

 

El informe de UnoAmérica es el único que detalla a todos los lesionados, sin importar si son autonomistas o campesinos afines al Movimiento al Socialismo (MAS), con nombre y apellido a más de 80 personas lesionadas (detallando el tipo de lesión), a los 9 secuestrados por los campesinos afines al gobierno, a los 14 confinados o capturados, y los más de 139 exiliados en ese entonces.

 

Se solicitan medidas precautorias y protección a la vida, la seguridad y el derecho a informar a 6 periodistas, sin que estos mismos se enteraran de estas acciones ante la CIDH, porque consideramos que desde las esferas del Gobierno y del poder del Estado se estaba amenazando y hostigando constantemente a la prensa por informar sobre estos hechos.

 

En el informe se hace una descripción de los hechos, con días, horas, acontecimientos, nombres, responsables y se explica a la comunidad internacional la violencia política que se ejercía en Bolivia desde el 2006 hasta los luctuosos acontecimientos de septiembre del 2008 en Pando. Se detalla cómo se generaba y ejercía la violencia política a quienes se oponían a las pretensiones del MAS y de su gobierno.

 

La población de Bolivia sabe lo que pasó en Pando, son hechos evidentes e irrefutables que la violencia se organizó, se ejerció y se ejecutó desde el Gobierno; se sabe quiénes compraron las armas, cómo y dónde las repartieron, cómo se engañó a los campesinos e indígenas que en ese entonces estaban aliados al MAS; existen videos caseros, reportajes de prensa escrita y audiovisual, cientos de testimonios y declaraciones, incluso de la propia gente afín al gobierno, en ese entonces, que estaba en el lugar de los hechos, detallando cómo se promovió la violencia y se organizó el enfrentamiento. Un reciente testimonio de un líder indígena expresa: “incluso habían instrucciones de atropellar a quien se ponga al frente”.

 

Mi testimonio fue sobre la investigación que se realizó en el “Informe de Pando: situación política y social de Bolivia”, el mismo que fue adherido y anexado a la denuncia por crímenes de lesa humanidad a la CIDH en contra del gobierno de Morales.

 

El informe fue presentado como prueba de descargo y excluido por el Tribunal, porque no lleva la rúbrica de los suscriptores. Es interesante como el Tribunal actúa, pues los informes del Defensor del Pueblo y de Unasur, según un acusado explicó en su defensa material, no tenían firmas y sí fueron aceptados como pruebas en contra de ellos.

 

Se pretendió presentar como prueba extraordinaria la copia original de la denuncia y el informe presentado ante la CIDH, con la firma original de mi persona y de los representantes de las organizaciones de UnoAmérica. Obviamente, fui testigo de cómo la parcialidad del Tribunal rechazaba dicha prueba.

 

Siendo testigo, no sólo me sentí como acusado ante el Tribunal y por los interrogatorios de los acusadores, sino que viví en carne propia cómo trataron de amedrentarme con un mandamiento de aprehensión en mi contra, pues al residir a casi mil kilómetros de distancia y no poder ir a una audiencia en La Paz, justifiqué debidamente mi inasistencia, a pesar de ya haber declarado en una anterior oportunidad.

 

Un día después del final de mi declaración testifical de aproximadamente 20 horas, fue solicitado en audiencia por el Tribunal como testigo de descargo por la defensa el ex ministro de gobierno Alfredo Rada; testigo que como mi persona, justificó que no podía asistir a esa audiencia a declarar.

 

Para mi persona el Tribunal libró un mandamiento de aprehensión, pues supuestamente no era suficiente mi justificativo, pero al ex ministro le dieron nueva fecha para su declaración.

 

He sido doblemente testigo, en este juicio oral; como testigo de descargo y de la parcialidad que ejerce el Tribunal en contra de los acusados, las verdaderas víctimas.

 

*Ex diputado nacional